Una aparente sorpresa política se produjo anteayer, en el Congreso, con el hundimiento de la ley de financiamiento o nueva reforma tributaria. En primer lugar, porque no se pensó que la corporación fuera a actuar con esa diligencia, acostumbrados los parlamentarios a darle largas a los asuntos, especialmente en épocas navideñas cuando todo se deja para las apremiantes horas de cierre de la legislatura. Y, en segundo término, porque fue una decisión contundente, cobijada por la unanimidad de las cuatro comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes especializadas en la materia.
En efecto, pese a que los partidos con las bancadas mayoritarias, es decir, el Conservador y el Liberal, habían emitido sendos comunicados anunciando anticipadamente su negativa a la nueva escalada de impuestos y a cualquier remoción de la regla fiscal, elevando por la puerta de atrás el cupo de endeudamiento, estaba por verse si una vez más este tipo de declaraciones se habrían de quedar en el papel sin ninguna consecuencia real. Lo mismo podía ocurrir con otros partidos como Cambio Radical que se había pronunciado de igual manera pero que, si bien lo había hecho así frente a otros temas en ocasiones recientes, al final había terminado votando dispersamente. Parecía, pues, que solo el Centro Democrático tenía la disciplina para asumir una posición unificada. Y frente a la U y la Alianza Verde cualquier cosa podía suceder, dado el persistente divisionismo que padecen. De manera que la incertidumbre estaba a la orden del día.
Pero en realidad la votación, con toda la disciplina y rigor de los partidos principales en mención, solo fue la confirmación de los anuncios precedentes. Con lo cual se demostró que la trayectoria de la legislatura había sido, por decirlo así, una perdedera de tiempo a este respecto. Desde hace meses, cuando el Congreso se abstuvo de darle curso a un presupuesto desfinanciado de 523 billones de pesos, para la vigencia de 2025, era como mínimo coherente mantener la misma línea de conducta de principio a fin. Una línea, por lo demás, que se venía perfilando desde el primer momento, en septiembre, cuando los congresistas le pidieron al Ejecutivo someter un presupuesto claramente financiado, de 511 billones de pesos, con la alternativa de estudiar con posterioridad una adición presupuestal que, si fuera del caso, permitiera abocar los faltantes supuestamente necesarios.
El gobierno, sin embargo, se cerró a la banda. Y al contrario de llegar a un punto de encuentro con el Parlamento prefirió tensar la pita, como si se tratara de un asunto de honor en vez de un escenario que, con la economía todavía postrada en no poca medida por la reforma tributaria de hace dos años (de hecho, aprobada por el Congreso), exigía la máxima cantidad de consenso. Insistió entonces en someter a consideración del hemiciclo el presupuesto de 2025 desfinanciado, al mismo tiempo de anunciar una ley de financiamiento paralela por la suma de 12 billones de pesos. Bajo esa perspectiva, el Congreso no tuvo opción diferente de hacerse al margen y dejar que el Ejecutivo expidiera el presupuesto por decreto. Desde ese instante, por descontado, era apenas obvio que la financiación concomitante estaba condenada al fracaso. Posiblemente otra cosa habría ocurrido si se hubiera aproximado el proceso presupuestal sin proyecciones infladas y un sinceramiento de las finanzas públicas, con los necesarios recortes del gasto oficial, a partir de las realidades nacionales.
Asimismo, es probable que en un debate más sosegado y reflexivo se hubieran podido salvar rubros, por ejemplo, como los ajustes tributarios de los juegos de suerte y azar. En todo caso, durante el transcurso del debate se descubrió que, no solo el presupuesto de 2025 estaba desfinanciado, sino también el propio del 2024 y en cifras de lejos mucho mayores a las previstas, fruto de la pertinaz disminución del recaudo fiscal, a raíz del estancamiento económico y el drástico declive de la inversión. A semejante panorama se sumó la intempestiva renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, producto de las indagaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia por la “compra de la función legislativa” y, por tanto, con un nuevo funcionario tomado fuera de base en medio del turbión.
Ahora queda emitir, en el término de la distancia, un decreto presupuestal equilibrado por 511 billones de pesos, para 2025, como debió contemplarse hace tiempo. No debería ello estar acompañado de ningún rasgamiento de las vestiduras, pues de antemano se sabía que esto iba a ser así. Y mucho menos culpar al Congreso de ninguna conspiración contra la inversión social, cuando en su momento le aprobó al gobierno la más grande reforma tributaria en la historia colombiana, justamente con esos propósitos. Las cuentas públicas no son un trompo de quitar y poner. Pensar lo contrario es agudizar el desconcierto fiscal que vive el país.