El Gobierno de los planes de choque

Las necesidades, problemáticas y frustraciones de los campesinos colombianos fueron el combustible de las intensas manifestaciones que vivió el país pero no su causa única. Evidentemente muchos de los factores que incentivaron el Paro Agrario resultan del abandono histórico del campo en todas sus dimensiones.

El Gobierno Santos ha debido priorizar una verdadera política de desarrollo rural que, a la vez que se hablaba de restitución de tierras y víctimas, generara desarrollo en el campo para impedir nuevas posibilidades de expulsión de campesinos originadas en la pobreza tan directamente relacionada con actividades ilegales que explican la persistencia del conflicto.

La tan mentada Mesa de Unidad Nacional ha debido hacer del desarrollo rural una prioridad legislativa que mediante programas de desarrollo agrícola, pecuario y minero, generara un ingreso estable que brindara una vida digna a los campesinos y garantizara condiciones sostenibles para que los programas de superación de la pobreza estén ligados a la actividad productiva y al ingreso por el trabajo que dignifican al pobre y no solo a los subsidios y ayudas temporales que solo le garantizan permanecer en la miseria.

Ojalá queden conjurados los paros que vivimos la semana pasada, pero esta protesta social generalizada y sin precedentes, dejó notificado al Gobierno y la sociedad: hay una mecha que se prendió, comenzó a recorrer el país y sigue latente. El Estado debe impulsar reformas para reducir al mínimo las desigualdades y lograr un sistema económico que genere un crecimiento mayor y más distribuido entre todos los colombianos.

En el pliego de peticiones presentado por la Mesa de Interlocución Agraria vemos que se incluyeron algunos de los puntos que propusimos a raíz de la crisis del Catatumbo: precios de sustentación; diminución de costos de insumos y transporte y las importaciones paralelas de agroquímicos. Además, se hacen exigencias relacionadas con la producción, la comercialización, la normatividad sobre manejo de semillas tradicionales y ancestrales; reducción de la importación de alimentos, acceso a la propiedad de la tierra y derechos de la población rural a educación, salud, vivienda, servicios y vías.

El Gobierno ha anunciado medidas de choque dirigidas a atenuar la crisis como la eliminación de aranceles para algunos fertilizantes y plaguicidas, control de precios y la importación directa de  los mismos, el estudio de salvaguardias y el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando. Sin embargo, hay un largo camino que recorrer en materia de política agrícola y mejoramiento social del campo.

Es una paradoja que este Gobierno haya tenido casi que como única agenda la negociación con las Farc para la terminación del conflicto, pero haya omitido diseñar una política ambiciosa para el desarrollo rural. Si la administración Santos se hubiera dedicado a ampliar el área sembrada en alimentos a 9 o 10 millones de hectáreas, a promover cadenas de agroindustria para aumentar la producción de alimentos procesados y a mejorar el marco institucional y legal para que el desarrollo minero del país se amplíe en todo su potencial, (cuidando la sostenibilidad ambiental que es nuestra obligación para con las generaciones futuras) habría más razones para mirar con optimismo la superación real y definitiva del conflicto y no habríamos vivido estos días convulsionados que dejan muy mal parado al Gobierno y a todos los partidos políticos.

Lamentable que el partido conservador con vínculos históricos, políticos  y doctrinarios con el campo colombiano haya bajado el perfil y perdido la iniciativa en estas materias por estar sentado de incondicional en la Mesa de Unidad Nacional, máxime cuando se presentó por el Gobierno el proyecto de ley del presupuesto del 2014 con una reducción de recursos para el agro en un 47%.