La instalación del Congreso de la República el pasado 20 de julio y lo que presenció el país con ocasión de la elección de las mesas directivas para la última legislatura, permite pensar que este será un período en el que primarán debates entre fuerzas políticas, más en función de buscar posicionarse y visibilizarse ante la opinón pública con fines electorales, que en discusiones con el propósito de examinar juiciosamente propuestas que contribuyan al avance y dilucidación de temas que tanto requiere la Nación.

No parece haber duda acerca de la aprobación del proyecto de iniciativa gubernamental sobre inversión social y tampoco del que contiene el presupuesto para el 2022. Son asuntos absolutamente necesarios que, adicionalmente, permitirán al Gobierno elegido el próximo año, empezar su gestión con un escenario más sólido y con cierta seguridad para elaborar planes y programas.

De ahí en adelante, a pesar de la gran cantidad de iniciativas que proponen nuevas leyes e incluso reformas constitucionales, salvo algunas excepciones, será difícil ver una importante producción de leyes -y menos de concienzudas reflexiones- al final de la legislatura que culmina el 20 de junio del próximo año.   Entre otras razones, por cuanto en realidad, siendo optimistas, la generalidad de congresistas atenderá las sesiones solamente durante el primer período, es decir hasta el 16 de diciembre del presente año. Como siempre sucede antes de elecciones de Congreso y Presidente de la República, el segundo ciclo de sesiones estará caracterizado por ausentismo y aplazamientos, en tanto las campañas políticas irán subiendo su intensidad y tono en medio de un ambiente político y social cada vez más agitado.

Así, desafortunadamente, los asuntos que deben ser definidos por el Congreso, pues es su función y tiene la competencia, probablemente segurián siendo abordados de manera abusiva, en muchos casos, por otras ramas del poder.  Es el caso de varios derechos fundamentales, como la vida -eutanasia y aborto-, la manifestación pacífica y la consulta previa, entre otros, que deberían ser regulados mediante ley estatutaria y no de circulares, resoluciones o sentencias judiciales.

Tan urgente como lo anterior, es la discusión sobre la carrera y profesionalización de la Policía y lo que surja de ello, así como lo que corresponde a la conformación del Congreso, el número de congresistas que, a pesar que algunos expresan la necesidad de reducirlo, lo cierto es que las propuestas que están por radicarse, lo que hacen es buscar ampliar innecesariamente el número con argumentos populistas muy propios del período pre electoral.

Pensar que algo diferente ocurrirá es como “pedir peras al olmo”. 

En la legislatura que acaba de culminar -20 julio 2020 a 20 junio 2021-, de acuerdo con las cifras reportadas por Congreso Visible, fueron radicados 815 proyectos de ley y de reforma constitucional, de los cuales sólo el 4.04% fueron sancionados y poco más del 59% se encuentra en proceso de discusión o conciliación, lo que resulta interesante.

Sería una maravillosa sorpresa que varias de las iniciativas que están, al menos en la última etapa, y otras que están siendo presentadas actualmente, logren ver la luz y que lo aquí señalado sea una equivocación, producto, eso sí, de lo que se ha visto desde hace décadas y que tristemente, tiene al Congreso, entre otras razones, con un porcentaje pírrico de aprobación de la ciudadanía a la que dice representar.

Por @cdangond