Injusticia contra la justicia

Hay  palabras que expresan realidades que merecen máximo respeto: una de ella es la “Justicia”. Nada más conveniente para el convivir humano que la práctica de aquella“voluntad constante y perpetua de dar a cada uno sus derechos”, como la definió el eximio jurisconsulto Ulpiano. Quien encarna la Justicia es calificado como “justo”, calificación de máxima excelencia dada por el Libro Santo al mismo Dios (Dan. 9,14), también a quien obra con rectitud guiado por la fe (Hebr. 2,4), y, síntesis de virtud a toda prueba, se destaca en José, padre nutricio de Jesús (Mt. 1,19).

Ante esa excelsa realidad cómo quisiéramos que cuanto hay en torno de ella fuera de similar altura en el actuar de los humanos. Que se practique ese “dar a la sociedad de la que se forma parte lo que cada cual debe darle”. (“justicia legal”), y que se distribuyan en la sociedad los bienes y responsabilidades en la debida proporción (“justicia distributiva”), que  se   dé a cada ciudadano su estricto derecho, dentro de verdadera igualdad (“justicia comunitaria”). Es preciso que con magnanimidad se busque la vivencia de la Justicia en todos sus aspectos,  que se organicen naciones conscientes de tener en sus manos algo trascendental al que merece el máximo respeto, que se reclamen  los propios derechos dentro de gran mesura y equidad.

Fue en extremo doloroso lo ocurrido recientemente en torno de una pretendida “reforma de la justicia”, con dobles cartas en juego en busca de terciados intereses. Ni los responsables desde el Ejecutivo, ni del Parlamento, se plantaron para atajar lo indebido,  y  solo ante el clamor popular trataron de lavarse las manos echándose unos a otros la responsabilidad de las monstruosas determinaciones que se alcanzaron a aprobar, y, luego, solo por guardar apariencias, detuvieron su promulgación. Se ha querido tapar esa claudicación con otros temas nacionales, pero hay en ese actuar verdadera “injusticia” y “profanación” del tema sagrado de la Justicia.

Hemos tenido, también, en la rama de la Justicia, más de un mes de paro o huelga de esos servidores de la Nación en tan respetable tarea, que, como la luz, como la oportuna alimentación, como la diaria educación, no deben faltarle a la comunidad cada día. A propósito hay qué dejar sentado, el justo criterio que una huelga es una medida extrema a la cual solo se puede acudir cuando han fallado los demás medios y que óptese en la búsqueda de unos legítimos  reclamos. Más exigentes situaciones se requieren para acudir a ella cuando se trata de suspender servicios públicos.

En todo caso hay que medir la gravedad de  los derechos que se reclamen con los daños que se causan con esa suspensión de labores. Grande es, por ello la responsabilidad de las organizaciones sindicales de  lanzar a los asociados a un paro, y, así como se les reconoce vocería para convocar a realizarlo debe reconocérsele, también, cuando determinen levantarlo. Hace pensar en esa gran responsabilidad al constatar las pérdidas sufridas al mes del último paro de estos servidores a la Justicia, que se han  cuantificado en unos 35.000.000.000 de pesos, y, mas grave aún, la no realización de 21.000 audiencias en procesos, muchos de ellos vitales y las 36.000 acciones de Tutela no atendidas. Pero estas cifras no son solo para pedirles a los huelguistas más responsabilidad sino también a las autoridades que con mayor diligencia  y previsión habían podido detener esas jornadas huelguísticas que tantos daños traen a la economía y a tantas situaciones personales y familiares.

Toda acción indebida en los comentados reclamos, todo descuido notable al organizar la marcha de la administración de justicia, todo juego no limpio en determinaciones de reformas en esta materia, es grave injusticia que socava la paz y el progreso de las naciones.

monlibardoramirez hotmail.com

*Presidente del Tribunal Ecco. Nacional