Noruega es uno de los primeros productores de petróleo del mundo y tiene uno de los ingresos per cápita más altos (40% de su PIB) porque en vez de gastarse la bonanza petrolera en mermelada, como Santos, la ahorraron para el futuro. Paradójicamente, es también el país del mundo que ha alcanzado el mayor porcentaje de vehículos eléctricos en circulación, gracias a incentivos oficiales fiscales, peajes y de todo orden. A pesar de sus altos ingresos, un Tesla eléctrico con 800 kms de autonomía vale USD 40 mil, lo mismo que un Volkswagen Passat diesel.  En 2025 dejarán de venderse vehículos diésel o de gasolina, incluidos barcos costaneros.  Otras naciones, como los Países Bajos, aspiran a lo mismo y la propia India aspira a tomar esa medida para el 2030 para sus vehículos de carga. Para 2040 se espera que 600 millones de carros en circulación sean eléctricos en el mundo.

Dos conclusiones se desprenden de lo anterior: que el cambio climático no perdona, como lo estamos viendo en estos días, y que hay países que ya lo entendieron; y que los combustibles fósiles tienen sus días contados y que Colombia debe hacer todos sus esfuerzos incluido el fracking para vender los que tiene.

En días pasados la Miniminas y la Unidad de Planeación Minero Energética, al proyectar el año 2050, anunciaron que para entonces solamente un 30 por ciento de los vehículos que circulen en Colombia serán eléctricos. La ministra dijo que la tecnología y el costo de esos vehículos crean restricciones para una conversión hacia la movilidad eléctrica. Es obvio que no han estudiado el tema y que ya hay ejemplos que demuestran lo contrario. Lo que se necesita es una decisión política -la que no tuvo Peñalosa al cambiar la flota de TransMilenios por diésel o cuando derogó el decreto de Petro que obligaba a la sustitución de los taxis por eléctricos-

Aún estamos a tiempo de pensar en términos del siglo XXI.

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Coda: Vi en la televisión una propaganda del partido liberal, que trae dos mentirotas del tamaño de una catedral: que el partido es el autor de la Constitución de 1991 y de la inclusión de la tutela en la misma carta. En realidad, desde los acuerdos de Barco con el M-19 se vislumbró la idea de un cambio de la Constitución de 1886, que el gobierno impulsaba de manera limitada. El año 1989 fue uno de los más violentos en la historia de Colombia, gracias a la presión del narcotráfico que se oponía a la extradición.

Un fuerte movimiento estudiantil impulsó en las elecciones del 11 de marzo de 1990 la “séptima papeleta” para que se citara a una asamblea constituyente, lo que forzó al gobierno a dictar un decreto (927 de 1990) que facultaba a la organización electoral a contabilizar los votos que aparecieran en las elecciones presidenciales del 27 de mayo del mismo año. Ante los 5.2 millones de votos que aparecieron apoyando la Asamblea y a pesar de la oposición del director del partido liberal, Alfonso López, el nuevo gobierno de Gaviria , gracias al apoyo de los liberales, el M-19, el partido con servador y Salvación Nacional -de Álvaro Gómez-, citó a una asamblea que, apenas raspando, fue avalada por la Corte. De manera que la Constitución nació de una Asamblea que si bien tenía mayoría del partido liberal fue presidida por los liberales, Salvación Nacional y el M-19.

En cuanto a la tutela, la Asamblea recibió al menos cinco proyectos, incluido uno del Centro de Estudios Colombianos, que la proponían.