Basándose en una farsa de referendo que no ha podido ser más ilegal y caricaturesco, los grupos secesionistas catalanes han querido proclamar la independencia de Cataluña.

Como era de esperar, se han movilizado a más no poder, han convocado huelgas, han agredido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, han amenazado a sus contradictores y se presentan como víctimas ante todos aquellos ingenuos que solo aciertan a preguntarse, “¿Y por qué no los dejan decidir?”

La situación, que, de hecho, es muy grave porque rompe el orden constitucional y la integridad territorial del Estado, es más grave aún si se tiene en cuenta que la mayoría de los catalanes no son separatistas y que se consideran tan catalanes como españoles.

Por supuesto, tales independentistas no gozan de ningún apoyo más allá del feudo que quieren dominar, salvo excepciones ilustres, como Nicolás Maduro y sus secuaces, o Nigel Farage, el más extremista de los extremistas de la derecha en Europa.  Cortados con la misma tijera, están hechos el uno para el otro.

O sea, que si del contexto internacional se trata, no les vendría mal a los sediciosos de Cataluña conocer lo que piensan los demócratas de América acerca de su disparatado intento de someter a los auténticos catalanes a sus designios totalitarios y segregacionistas.

Primero, la integridad territorial del Reino no puede verse afectada por un movimiento al margen de la ley que se vale de diversas formas de violencia para lograr sus propósitos.

En la práctica, esas formas de violencia son las que han llevado a amenazar a los hoteles que han alojado a los cuerpos de seguridad del Estado enviados desde Madrid, Málaga o Valencia en medio de vítores patrióticos para garantizar la unidad española e impedir que, en medio del paroxismo desintegrador, el terrorismo yihadista vuelva a atentar en Barcelona.

Mismas formas de violencia que, al amparo de banderas como la senyera de fondo amarillo y estrella roja recuerdan a Franz Fanon y la extravagancia de Muamar Gadafi.

Violencia, en suma, que esgrime los rasgos identitarios para discriminar, señalar y estigmatizar a otros, convirtiendo así las costumbres y tradiciones en instrumentos políticos para condenar al exogrupo.

No en vano, el Rey Don Felipe sostuvo en su discurso de la semana pasada que, “ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”

Continuará.