La reforma agraria es el paradigma de la improvisación. En la campaña de Petro se dijo que, como había tanta tierra improductiva (la leche y la carne no las consideran producción), había que elevar los prediales hasta ahogar a los propietarios con impuestos para que se vieran forzados a venderlas al Estado. Cuando se les dijo que los prediales corresponden a los municipios, echaron reverso.

Entretanto el gobierno presentó un proyecto para crear una corte rural y agraria (una más). Ahora Petro propone que el gobierno compre tres millones de hectáreas (has.) a $20 millones cada una, para luego venderlas a menos precio. Se pagarían con TES a largo plazo. Pero eso significa que se aumentaría el endeudamiento que, a pesar de las reducciones al final del gobierno Duque, sigue siendo alto, violaría la regla fiscal y generaría que las calificadoras de riesgo bajaran otra vez la calificación a Colombia, lo que dificulta obtener crédito y sube los intereses.

En Colombia, aunque no hay un inventario claro, quedan millones de has. de baldíos propiedad del Estado (sin contar las selvas). Serían, según el periódico de la Universidad Nacional, alrededor del 20% del territorio nacional, unos 48 millones de has. Pero no se sabe dónde están ni en qué condiciones. Algunas han sido adjudicadas por jueces venales a personas que no cumplen los requisitos legales. Según el Dane, Colombia tiene 114 millones de has. (2.3 has. por habitante). de las que, según el IGAC, 42.5% (48.5 millones), tienen títulos privados, desde empresas hasta campesinos; 34.3 millones (30.1% del total), en su mayoría improductivas, corresponden a resguardos indígenas y afrodescendientes que suman 2.5 millones de personas (14 has. por persona, siete veces más que el promedio).

Están los bienes que maneja la SAE, cuya expropiación debería legalizarse rápidamente y regresarlos a sus dueños. El gobierno anunció en estos días la entrega de títulos de propiedad de 681.372 has. a campesinos, indígenas y afrodescendientes, unas 12.600 familias, a razón de unas 54 has. por familia. Una cifra, un poco alta que, además, no sirve de nada por sí sola. Se requieren buenas semillas, financiación, asistencia técnica, vías terciarias en buen estado, mercado etc.

A todas estas, hay cientos de invasiones a las que les dieron 48 horas para desalojar, pero ahora se dice que hay que dialogar. Las pérdidas, según Asocaña, superan los cien mil millones de pesos.

El tema de salud también preocupa porque, a pesar de las advertencias de los técnicos y sin consultar con los gremios, se quieren eliminar las EPS que no son un sistema perfecto y que sería susceptible de mejorar si la Superintendencia de Salud funcionara bien. Actualmente, la cobertura en salud alcanza el 99.0% de la población, unos 50 millones de personas, entre fondos especiales, contributivos, subsidiados y otros. Las EPS son bastante más que intermediarios y no podemos tratar de echarle mano a los recursos de la salud.

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Coda: Luego de decir que el petróleo y el gas son peores que la cocaína, Petro echó la culpa a las grandes potencias de envenenar (probablemente con glifosato) las selvas y destruirlas. Varias inconsistencias: el glifosato no se usa desde hace años, cuando lo prohibió la Corte (sentencia T-236/2017) y las áreas de cultivo de coca no son selváticas, a menos que consideremos que todo el país lo es. Según ONU (2020), Amazonas, Vaupés y Guainía tienen menos de 100 has. de coca cada uno y el Vichada menos de 1.000. Resguardos indígenas en Nariño y Cauca, y el Catatumbo y Putumayo concentran la mayor parte de los enclaves cocaleros.