El atentado al expresidente Donald Trump pone de presente una vez más que la violencia nunca puede ser la respuesta en una democracia.

Existen innumerables razones para considerar que su elección, inevitable ahora más que nunca, significará un grave riesgo para la vigencia del estado de derecho en los Estados Unidos, pero ello de manera alguna puede justificar que se atente contra su vida, ni que por la violencia se prive a sus partidarios del derecho de elegirlo si logran las mayorías requeridas para el efecto dentro del respeto de las reglas democráticas. El riesgo que él representa solo  es posible  confrontarlo  en pleno acatamiento de la ley, con argumentos serios  y particularmente con votos.  

Tampoco cabe entrar en el juego de las teorías conspirativas, que solo sirven a quienes quieren destruir la confianza en la institucionalidad democrática, en sus valores y en su capacidad de respuesta en momentos aciagos.  Frente a estos terribles  hechos corresponde a las instituciones actuar y  ofrecer plenas garantías a los participantes en el proceso electoral  en curso. La unánime respuesta  solidaria de quienes hoy  gobiernan y representan dicha institucionalidad, comenzando por  el Presidente Biden, no deja ninguna duda de que así será.

Son carentes de todo sentido de humanidad y de respeto por las víctimas, incluido el propio expresidente Trump, las falsas noticias y tergiversaciones que por razones puramente ideológicas y partidistas se difunden en las redes, tanto para insinuar un montaje como para acusar sin fundamento y de manera genérica a quienes controvierten las ideas y actuaciones del expresidente, presentándolos como instigadores de asesinato. Sin olvidar por supuesto el aprovechamiento de la situación por el gobierno ruso, que critica de manera cínica la violencia política en los Estados Unidos -como si pudiera olvidarse la muerte de Alexei Navalny y de tantos otros-, y utiliza los hechos para promover sus intereses y preferencias estratégicas.   

Ante estas circunstancias que denotan profundas angustias y fracturas en la sociedad y que amenazan la convivencia, los llamados a la unidad de la exprimera dama Melania Trump y al rescate de la civilidad del expresidente Barak Obama, tienen pleno sentido. Son ese tipo de mensajes los que debieran encontrar eco  y multiplicarse para contrarrestar los efectos de la beligerancia creciente que enrarece desde hace tiempo el debate público con la circulación sin filtro de discursos de odio  que  se promueven en Estados Unidos, Europa y en el resto del mundo, auspiciados por quienes quieren ver debilitadas las sociedades democráticas, dividiendo a los ciudadanos artificiosamente entre buenos y malos, amigos y enemigos,  alimentando   entre ellos controversias que quisieran irreconciliables sobre sus creencias y visiones del mundo, pero sobre todo generando desconfianza  en los presupuestos que han permitido a las sociedades que se guían por las ideas de las revoluciones liberales hacer valer la dignidad humana  y el respeto de los derechos y libertades de los individuos como los ejes de su  funcionamiento.

Aquí son pertinentes las palabras de Victoria Camps evocando a Protágoras, cuando señala que los humanos necesitan dos virtudes: “la diké o justicia, y el aidos o sentido del respeto mutuo, sin las cuales no saben convivir pacíficamente sin destruirse unos a otros” y que hablar de virtudes públicas “equivale a recordar que debe haber una moral mínima compartida por todos, a pesar del pluralismo de ideologías y de la relatividad de las creencias”.

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