En el marco del “acuerdo nacional” se ha hablado de iniciar un debate sobre otra reforma tributaria. Esto seguramente para lograr la reforma estructural, de la que se ha escrito mucho y poco se ha alcanzado. Posiblemente porque una reforma estructural afecta la popularidad y necesita mucho consenso, capital político y comunicación efectiva. 

Hasta ahora hay más incertidumbre sobre la iniciativa. Por ello, a la pregunta sobre ella, es difícil pronunciarse de fondo. Genera eso sí curiosidad el planteamiento, primero porque sería la tercera reforma tributaria en cuatro años y segundo porque a una propuesta conceptualmente muy parecida a la del gobierno actual, en su condición de oposición, estos mismos actores de gobierno se opusieron al punto de motivar la animadversión ciudadana.

Pero para analizar la conveniencia de la propuesta que surja en el diálogo, es menester contestarse tres preguntas críticas para tener una buena reforma tributaria. La primera es qué es lo que propone de fondo la nueva iniciativa que merezca un trámite que sabemos es engorroso y más con gobernabilidad limitada. La segunda es cómo propone lograr los objetivos que se plantea y si dicha reforma es viable fiscalmente y políticamente. Y la tercera es, para qué se proponen esas nuevas medidas tributarias.

Mi análisis preliminar a la primera pregunta es que el planteamiento del gobierno es correcto. Tal como reconoce la OCDE, y las buenas prácticas tributarias, Colombia necesita recaudar proporcionalmente más de las personas naturales que de las jurídicas, como sucede en la inmensa mayoría de los países más avanzados del mundo. Siempre será sensato romper con ese absurdo de que la relación recaudo persona natural/jurídica es siete veces mayor entre OCDE que Colombia, asunto que en Colombia desincentiva la inversión y es bastante regresivo.

Respecto la segunda pregunta no veo claro cómo lograr reemplazar 5 puntos de tasa corporativa (que cuestan entre 15 y 20 billones), con impuestos a personas naturales, sin ampliar la base de tributación o sin tocar las exenciones de IVA. Más cuando siendo coherentes con el primer punto, no tiene sentido sostener un impuesto al patrimonio permanente (que es antitécnico y confiscatorio) y mucho más cuando sabemos que en los errores constitucionales de la reforma del 2022, en las dudas de recaudo y en más gasto por las reformas, se necesitan para lograr regla fiscal por lo menos 20 billones adicionales. Es decir, ¡se necesitan 35 billones más de ingreso!

Pero para mí la duda más grande, es el para qué de la reforma. ¿Tiene la reforma un propósito de más gasto, cuando sabemos hay recursos de sobra en subsidios o expensas innecesarias que deberían controlarse? Esta nueva reforma no puede ser para seguir creciendo la proporción de gasto primario en relación al PIB que nos ha llevado de 15,8% en 2019 a 19,7% en 2024. Eso es fiscalmente insostenible.

Así las cosas, bienvenido el debate, pero a la propuesta le faltan no uno sino varios hervores, una buena dosis de trabajo colectivo y mucho de sensatez en los argumentos a esas tres preguntas. Lo que no tendría sentido es teóricamente favorecer al sector que genera la riqueza y después afectarlo con un desajuste fiscal. 

*Rector Universidad EIA

Jrestrep@gmail.com