Tengo que confesar que me costó trabajo entender algunas de las cifras que aparecen más abajo. Pero voy a comenzar con una referencia a la reforma tributaria, ya aprobada, de la que, de los $50 billones a que aspiraba Petro, le dio el Congreso enmermelado $20 billones. Trabajo costó averiguar para que quería esa platica el gobierno: según las cifras una parte importante de esa suma tendrá que dedicarse a reducir el déficit fiscal que, según informó el presidente de la Comisión Autónoma de la Regla Fiscal, ronda los $100 billones. En los cuatro años la reforma dará $80 billones, pero de los subsidios, que se comen buena parte, no se dijo ni pío.

El presupuesto para el 2023 se estima(ba) en $405 billones, pero hay en curso una adición de $25 billones provenientes de los mayores recaudos del 2022 y estimación positiva por buen comportamiento fiscal en 2023. Según el exministro José Manuel Restrepo se esperan unos $58 billones, buena platica y “buen comiso”, al que, según un editorial de este diario, hay que poner atención porque estamos ante “un Ejecutivo que puede gastar a manos llenas, sin planificación de largo plazo y movido por un enfoque populista, caprichoso y marcadamente ideologizado.” De la adición presupuestal, según el ministro Ocampo, 89,2 % se destinará para avanzar en las transformaciones que se tienen previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y el 10,2 % se utilizará para cubrir las obligaciones legales del Gobierno (?). Las descripciones de gastos de la reforma, del presupuesto y de la adición son suficientemente amplias para que quepa cualquier cosa y, además el Presidente ha pedido facultades amplísimas, que no tendrán control. Para la Presidencia se destinarían $430 mil millones.

Por lo pronto, ya se habla de los salarios de los “promotores de paz” (que no son otra cosa que las milicias petristas), el subsidio a las madres cabeza de familia y a los adultos mayores. Y réstele la decisión de congelar los peajes y reducir el Soat para motos. Populismo para continuar en el poder.

Otro problema es el de la salud, según el proyecto que cursa en el Congreso. Recordemos las EPS deben una fortuna a los hospitales y otras IPS y que está bien que se trate de llevar la salud al 3% de la población que vive en la Colombia profunda.

Pero la reforma va mucho más allá y busca trasladar al Adres, entidad que carece de los conocimientos y la capacidad para manejar esos dineros y de las auditorías necesarias, y donde la corrupción puede ser mucho mayor porque se regresaría a los tiempos del ISS. El proyecto contempla un costo de $51.9 billones (más de dos reformas tributarias) para la reforma. La Fundación Red de Apoyo Social dice que el sector tiene un déficit anual de un punto del PIB ($11,7 billones), por lo que el gasto debería estar en más de $74,5 billones. El artículo 151 le da facultades a Petro, para dictar las disposiciones necesarias y realizar las operaciones presupuestales requeridas para capitalizar la Nueva EPS, a la que se trasladarían los 11 millones de afiliados de las EPS que se liquidarían. Si hoy es mala…

Finalmente, está el tema de las pensiones, en el cual el proyecto espera que se trasladen a Colpensiones las contribuciones que generan los primeros cuatro salarios mínimos, para subsidiar, con plata ajena, a quienes no tienen pensión. A los fondos de pensiones y cesantías que hoy valen, según el presidente del Consejo Gremial, $360 billones, se les quita toda prelación. El efecto de la desinversión sería feroz.