A voces de la Constitución, son dos las principales funciones del Congreso de Colombia: Hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. En relación con la primera, parece que los legisladores se han tomado muy a pecho dicha atribución. Prueba de ello es que, hasta la semana pasada, se han radicado cerca de 358 proyectos de ley: 176 en la Cámara de Representantes y 182 en el Senado de la República. En todo caso, una cifra exageradamente alta y desproporcionada, si tenemos en cuenta que, para ser leyes de la República se requiere de cuatro debates y de ocho si lo que se pretende es reformar la Constitución.

Sin duda, la mayoría de estas iniciativas no tendrán futuro, pero sí un desgaste innecesario en las comisiones constitucionales y en la plenaria de ambas cámaras. De conformidad con la ley 5ª, que reglamenta las funciones del Congreso de la República, los proyectos de ley deben como mínimo cursar un debate en cada legislatura. Además, en ningún caso podrán ser considerados en más de dos legislaturas lo que, desde ya, evidencia el archivo de gran parte de ellas por simple inanición.

Pareciera que algunos congresistas se ven tentados a radicar múltiples proyectos de ley, bajo el supuesto de que ello deriva en una gran gestión. Como si la valoración positiva de su paso por el legislativo dependiera del número de iniciativas presentadas, independientemente del tránsito futuro de estas.

En gracia de discusión, debe señalarse que cuando se trata de calificar la gestión de los congresistas, algunos medios y portales se basan exclusivamente en los proyectos radicados, lo que se convierte en un incentivo perverso que juega en contra de la buena gestión del congreso de Colombia. La sola radicación de un proyecto genera grandes incertidumbres en los diferentes sectores y un impacto mediático relevante. Basta recordar aquellos que en el pasado buscaron ampliar los períodos de alcaldes, gobernadores, y demás autoridades del Estado, para evidenciar los efectos nocivos para la democracia, muy a pesar de no surtir trámite alguno.

Es necesario que los partidos políticos, de manera juiciosa, reúnan sus bancadas a fin de priorizar los proyectos de sus intereses, verificar la pertinencia de los mismos, concentrarse en nutrirlos y estudiarlos con el debido rigor. De lo contrario, no solamente se ahogará la labor del Congreso, sino que esta corporación se sustraerá de cumplir las demás tareas que son propias de su competencia y que son de gran importancia para el equilibrio de poderes. Si el Congreso se empeña en tramitar tantas iniciativas se perderá de cumplir su labor de control político, la que se ha venido a menos en los últimos años y que parece haber sido asumida por los medios de comunicación. Sin duda, son éstos los primeros que han advertido los grandes temas del debate nacional.

Vale la pena recordar que desde 1991 se han aprobado más de 2.200 leyes, algo así como cien por año, y la Constitución se ha modificado en cerca de 56 ocasiones. Ello sin tener en cuenta los decretos expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República. Todo ello no habla muy bien de la estabilidad jurídica y juega en contra del respeto jurídico por el Estado.

Considero que los legisladores actúan de buena fe y con las mejores intenciones, pero deben limitar sus acciones sin tener como horizonte el efecto mediático y centrando sus propuestas en los altos intereses del Estado. Mucho mejor es dedicar el tiempo a la construcción de un excelente plan de desarrollo, si lo que se quiere es transformar la vida de los colombianos.

*Exmagistrado del Consejo Nacional Electoral