Los libros de Piketty, El Capital en el Siglo XXI y Capital e Ideología, han puesto de moda el concepto de Renta Básica Universal que busca subsidiar permanentemente a la población vulnerable. Es, en su esencia, una respuesta a la acumulación sin límites de capital que ha disparado la desigualdad aún en los países más ricos. El debate está desbordado ante la angustia causada por la pandemia del Covid-19, que ha metido a la humanidad en un bosque espeso en el cual aún no se ve el rayo de sol de una vacuna o de un tratamiento. La incertidumbre social propicia los populismos inmediatistas, con distribución aparente y sin crecimiento, cuyas consecuencias son bien conocidas en América Latina.

En ese sentido, hay varios proyectos de ley a consideración de las cámaras que deberían ser analizados por el Gobierno y los partidos con el juicio y la ponderación que el inusitado choque económico mundial amerita. Pretender remediar las carencias de los más necesitados con una ley o un decreto milagrosos no pasa de ser tan ilusorio como peligroso. El manejo de la economía colombiana se destaca por la prudencia de las decisiones a través de los lustros. La suspensión de la regla fiscal para 2020 y 2021, por más necesaria que sea, debe dar lugar a extremar esa prudencia y obliga a buscar los recursos donde los hay: Los organismos multilaterales de crédito y el Banco de la República, cuyos empréstitos se pagarían cómodamente, a largo plazo o cuando se pueda. Y, con más impuestos al capital. El escenario económico mundial está obligando al Estado democrático a romper las ataduras del capitalismo salvaje, como lo hemos planteado repetidamente en esta columna. En la participación del obrero en las ganancias de las empresas, está el camino hacia una economía distributiva y equitativa.

Lo que no tiene sentido es buscar los recursos entre los empleados públicos y los jubilados. Si bien la hondonada económica, fiscal, social y sanitaria en la que estamos incita nuestra total solidaridad, ésta no puede exigírsele solo a los empleados y pensionados oficiales. La pretensión de hacer permanente el impuesto solidario a los sueldos oficiales y a los pensionados es de una injusticia inexplicable y contraría la intención del Gobierno. Es como si se le dijera al funcionario oficial: usted está condenado a ser pobre toda la vida. Usted no puede ahorrar porque el Estado necesita parte de su sueldo para dárselo a otros pobres.

También, el trato a los jubilados del sector oficial es desconsiderado. Mientras el Presidente Duque, interpretando la filosofía de la norma, habla de contribución, los abogados del Gobierno usan el término “megapensión” que es jurídica y éticamente incorrecto. Si hoy se resta el 26% que significó limitar las pensiones altas a 25 salarios mínimos vigentes, en contra de los derechos adquiridos universalmente reconocidos, y el 20% del impuesto solidario Covid-19 y el 12% de contribución a la salud y el 2% de otros descuentos, se está recibiendo el 40% de la pensión legal y merecidamente decretada. Es preciso agregar que como por la edad se nos considera en el llamado “estado de indefensión”, la pensión se reconoce como derecho fundamental y eso limita al legislador.