Reformas y realidad política
No deja de llamar la atención cómo en un año típicamente electoral se lanza una gran cantidad de propuestas de reformas que, siendo realistas, no tienen la mínima posibilidad de llegar a concretarse porque, como reza el refrán, el palo no está para cucharas.
Un rápido inventario de ese ‘menú’ de propuestas empieza, obviamente, por la siempre aplazada reforma tributaria estructural que es normal que se prometa luego de que el Congreso de turno tramita y aprueba una modificación parcial a la estructura impositiva de los colombianos. No es sino revisar el escenario que rodeó las reformas tributarias de los últimos cuatro gobiernos para constatar que tras su visto bueno legislativo y entrada en vigencia, se reiteró el debate sobre la necesidad de una revisión integral de todo el Estatuto Tributario, lo que, pasado el tiempo, e incluso mediando comisiones compuestas por el sector privado y los gobiernos de turno, al final no terminó en nada. Ahora se habla de una reforma tributaria estructural que cobije desde el estudio de un posible aumento del IVA, la penalización de la evasión y la simplificación de las normas tributarias, hasta la urgencia de identificar fuentes de recursos que contribuyan a financiar una eventual etapa de posconflicto en Colombia.
Igualmente se ha planteado por estos días que es inminente una reforma al sistema pensional en el país, bajo la tesis de que el actual régimen de jubilación no es sostenible a largo plazo, la expectativa de vida en Colombia ha crecido en las últimas dos décadas y es muy bajo el porcentaje de trabajadores que están cotizando para no pasar afugias en su vejez. Una pensión inferior al salario mínimo, por ejemplo, es considerada por algunos sectores como urgente para asegurar una verdadera ampliación de la cobertura en jubilaciones.
No han sido menos las voces que sostienen que, en realidad, la reforma más urgente es la laboral, no sólo porque deben cumplirse promesas electorales como aquella de revivir el pago de horas extras y recargos nocturnos, sino porque el Código de Trabajo requiere una modernización normativa que se acople a las nuevas realidades del mercado, la economía real y las relaciones entre empleados y empleadores. Ideas como las de crear salarios mínimos regionales, modificar el funcionamiento de la Comisión de Concertación Salarial y ajustar el derecho a la huelga, se han puesto sobre el tapete.
Pero no paran allí las propuestas de grandes reformas. Se habla, asimismo, de un ajuste a todo el aparato de control fiscal en Colombia, cuya columna vertebral pasaría por la eliminación de las seccionales departamentales y municipales. No menos han sonado las voces de aquellos que plantean que este año sea en el que, por fin, el Código Electoral sufra un revolcón de marca mayor, el mismo que tanto se ha prometido en la última década sin que se haya convertido en realidad. Tampoco faltan los que afirman que la urgencia, en realidad, está en la necesidad de modernizar todo el Sistema Nacional Ambiental, incluyendo la estructura de las corporaciones autónomas regionales y el siempre complejo licenciamiento ambiental. Otra de las reformas de gran calado que están pendientes es la que tiene que ver con el Código Minero, que lleva más de dos años empantanada por cuenta de las consultas previas a minorías indígenas y afrodescendientes.
Y así podríamos seguir con otras propuestas de reformas legales y constitucionales que se han puesto sobre la mesa para que sean estudiadas por el Ejecutivo y llevadas al Parlamento este mismo año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos en pleno año electoral, puesto que faltan un poco más de siete meses para la cita en las urnas en que los colombianos tendrán que decidir sobre gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. En ese proceso los senadores y representantes a la Cámara estarán, no distraídos, sino metidos de lleno, pues es claro que de conseguir o mantener sus respectivos nichos electorales depende el poder reeditar sus curules en 2018 o aspirar a otros cargos.
De igual manera ningún gobierno nacional, sea el que sea, se va a arriesgar a tocar temas abiertamente impopulares en la antesala electoral, como tampoco lo harán los congresistas. Puede que públicamente se diga lo contrario y se hable de las grandes responsabilidades que les atañen al Ejecutivo y el Legislativo, pero a la hora de la verdad el ambiente para ese tipo de reformas no existirá en 2015. Incluso si los proyectos se presentan, se dilatarán al máximo. Esa es la realidad política, así de simple.