La prioridad ambiental para América del Sur en 2023 puede resumirse en la gestión de sus áreas protegidas terrestres y marinas, junto a los desafíos de la economía extractivista y del tránsito hacia una economía verde con atención prioritaria a las poblaciones más vulnerables.

Esa gestión “debe ser efectiva, participativa y de justicia ambiental y climática, con protección para el entorno y los activistas ambientales e indígenas” dice la bióloga Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología.

América Latina y el Caribe alberga casi la mitad de la biodiversidad del mundo, 60 % de la vida terrestre y suma más de 8,8 millones de kilómetros cuadrados de zonas protegidas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Resulta así la más protegida del mundo, y esa cobertura es mayor que la superficie total de Brasil o la suma de los territorios continentales de Argentina, México, Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay, de mayor a menor. Los líderes en porcentaje de territorio protegido son los departamentos franceses de ultramar y Venezuela.

El segundo gran desafío ambiental en la región para 2023 y los años siguientes está en las economías extractivistas, a contravía de la responsabilidad que la región tiene ante el planeta como gran reserva de biodiversidad.

Es la minería de metales en la región de los Andes, el macizo guayanés y la Amazonia, y de hidrocarburos en la mayoría de los países sudamericanos y México.

Ese extractivismo, más la deuda en la mayoría de los países por la contaminación -en las zonas urbanas y en los ríos y otras fuentes de agua dulce- pesa como una losa para el tránsito de la región hacia una economía verde que, de manera cíclica, replantea como un reto la gestión de las áreas, sostiene Morón.

Otras heridas punzantes para la defensa del ambiente en la región son la destrucción del hábitat, de los medios de vida y de las culturas de los pueblos indígenas, y el asesinato de líderes y activistas ambientales.

Pero, sin duda, un aspecto esencial en América Latina, y en particular en América del Sur, es la deforestación, el ataque y extinción de áreas de bosques para dedicarlos a cultivos, y a ganadería, o como consecuencia de la explotación minera.

Según el informe “Amazonia Viva 2022”, 18 % de los bosques amazónicos se ha perdido por completo, otro 17 % está degradado y en el primer semestre de 2022 el daño seguía creciendo. La pérdida del bioma amazónico puede afectar directamente los medios de subsistencia de 47 millones de personas que viven en esa región repartida entre ocho naciones, incluyendo 511 grupos indígenas diferentes (con más de un millón de individuos), así como a 10 % de la biodiversidad del planeta.

En ese sentido es clave el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú porque se adoptó en esa ciudad de Costa Rica en marzo de 2018.

El acuerdo, firmado por 25 Estados y ratificado por 14, busca asegurar “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión”.