Dura la semana pasada para las autoridades y la fuerza pública, muchos días y horas de protesta, manifestaciones descontroladas en diferentes sectores y ciudadanía perjudicada desde todos los puntos de vista. En esa semana todos perdimos; si escucháramos quejas entenderíamos la situación de vendedores, industriales, estudiantes, comerciantes, restaurantes, mercados, empresarios…en fin, todas las disciplinas afectadas por la situación.
Los medios y la ciudadanía registraron las amenazas del sector transporte, especialmente los conductores, manifestándose ante la cancelación de licencias por acumulación de infracciones, invitando al paro. Dicho y hecho, se inició una protesta con obstrucción de vías generando caos ciudadano, posterior y marginalmente se presentan desmanes y alteraciones en algunas universidades, encontrándonos -sin pensarlo- ante una situación de orden público alterado que repercutió, como ya lo dijimos, en todo el ámbito laboral de la ciudad.
Este escenario puso a pensar muchos sectores de país porque no podemos continuar viviendo estos percances que afectan toda una ciudad o todo el país, obligado un debate en torno al tema, preguntando de entrada ¿cuál es el límite para la protesta social, sí es que lo tiene? Ya el doctor Botero, señor Ministro de la Defensa, antes de posesionarse habló sobre el asunto refiriéndose al control y regulación de la protesta social, posición que género críticas, pero los hechos hoy demuestran lo aterrizado de su apreciación.
Si mis amables lectores me lo permiten voy a tratar de aclarar un poco los escenarios que generan estas actividades. Iniciemos recordando que para este tipo de acciones es menester un permiso o licencia de la autoridad, consignando en el documento nombre de organizadores, lugar, desplazamientos, tiempo y motivos, entre otros. Sin ese requisito es imposible organizar la toma de vías, el cierre de calles y mucho menos la alteración del tránsito tanto peatonal como automotor. De manera que convocar protesta es fácil pero conseguir la autorización es algo complicado, los promotores tienen responsabilidades, entre ellas el orden y respeto por los muebles de la ciudad y comodidad de transeúntes ajenos al evento.
La fuerza pública se obliga al acompañamiento de manera adecuada y prudente, para asegurar el cumplimiento de todo lo estipulado en la aprobación, como vemos en la mayoría de estas alteraciones la protesta no tiene autorización y se efectúa por vías de hecho, con la permisividad de las autoridades, quienes evadiendo alteraciones se tornan tolerantes.
Bueno, pues cuando llegan los desmanes se debe proteger el entorno y la máxima autoridad municipal ordena empleo del Esmad, unidad conocida por todos, que cumple una función odiosa y criticada pero necesaria y urgente. El Esmad no va, lo mandan y debe restablecer el orden de acuerdo y con los medios que la situación le imponga. Por lo tanto, en conclusión, regulemos la protesta social.