¿Qué fue lo que dijo exactamente la FAO que tanta molestia le causó al gobierno? Lo mejor en estos casos es citar textualmente la fuente: “Según el panorama de las necesidades humanitarias, hay 3,5 millones de personas con inseguridad alimentaria aguda en Colombia, y el 73 por ciento de los 1,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia padecían también inseguridad alimentaria grave en 2020”, dijo la FAO en el último informe que divulga trimestralmente con la PMA (Programa mundial de alimentos).

Aparentemente el gobierno se irritó porque la FAO no consignó el inventario de las acciones que ha venido tomando para fortalecer la oferta de alimentos porque el informe nos mete en el mismo canasto de países como Haití, Honduras y Nicaragua; y porque no hizo alusión expresa a algunos documentos Conpes que se han ocupado del tema. Los representantes de FAO dieron alguna respuesta diplomática para apaciguar las iras gubernamentales. Y allí quedó la cosa.

Pero ¿qué hay de fondo detrás de todo esto? 

Es bueno comenzar por recordar que existen dos tipos de inseguridad alimentaria: aquella que surge cuando la oferta es insuficiente para atender la demanda de comida. Cuando esta diferencia es muy protuberante la situación puede inclusive desembocar en hambruna. Es evidente que Colombia no está dentro de esta primera categoría. La oferta de alimentos es satisfactoria a pesar de los trastornos que generaron los bloqueos en carreteras y puertos durante la última ola de protestas. Es claro, entonces, que la inseguridad alimentaria de nuestro país no se inscribe dentro de esta primera modalidad.

Pero hay un segundo concepto de inseguridad alimentaria: aquel que se explica no por la oferta insuficiente de alimentos sino por carencia de ingresos para adquirirlos. Colombia cae dentro de esta segunda categoría: la exacerbación de la pobreza que ha causado la pandemia, la inflación y el alto desempleo, han llevado a que una franja importante de la población que la FAO calcula en 3,5 millones de personas que no pueda adquirir el mínimo de calorías requeridas.

Esto es exactamente lo que venía reiterando el Dane aún antes de que lo mencionara la FAO. Según el informe de nuestra autoridad estadística denominado “pulso social”: de los 7,9 millones de hogares que existen en Colombia, antes de la pandemia el 85,5% tenía acceso a tres comidas diarias al paso que a la fecha (diciembre del 2021) solo el 69,1% tiene posibilidades de adquirir las tres comidas diarias. Es decir, 30,1% del universo de hogares (porcentaje que representa 2,4 millones de familias) está en condición de “inseguridad alimentaria” por insuficiencia de ingresos.

Si estimamos que cada hogar está compuesto por cuatro miembros, ello significa que 2,4 millones de hogares (que se traducen en 9,6 millones de personas) sufre actualmente de precariedad alimentaria. Cifra inclusive muy superior a los 3,5 millones que mencionó la FAO que se circunscribió al concepto más estricto de “inseguridad alimentaria aguda”.

Dicho en otras palabras: actualmente hay cerca de 10 millones de personas en condición de inseguridad alimentaria, un tercio de los cuales está en “inseguridad aguda”.

El ritmo que trae la inflación este año, jalonado por fuertes alzas en los alimentos, puede terminar por ahondar el problema. La plataforma “Bogotá cómo vamos” divulgada hace poco reafirma un escenario análogo de pobreza y de inseguridad alimentaria para la capital.

Lo que queda en claro de todas estas cifras es que la cara más amarga de la pobreza es la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil que acarrea.  De allí que el gobierno, en vez de rasgarse las vestiduras e irse estrepitosamente contra la FAO, debería más bien reconocer con menos arrogancia la dura realidad de que en este momento hay 10 millones de compatriotas con hambre.