Si hay un modelo de gobierno marxista-leninista en América Latina es el de la dupla de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Han logrado convertir ese país en una finca privada en la que todos son esclavos y deben atender las órdenes de la pareja.
Ortega, que, después de haber sido uno de los guerrilleros y miembro del directorio del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue presidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, ganó otra vez las elecciones en 2006 y fue reelegido en 2011. En diciembre de 2013 el parlamento, de mayoría sandinista, reformó la constitución para permitir la reelección consecutiva del presidente y Ortega ha “ganado” las elecciones de 2016 y 2021.
Lleva 26 años como presidente y ha logrado el control total de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial lo que le ha permitido establecer una “dictadura”, como la llaman los intelectuales nicaragüenses y antiguos sandinistas del partido Movimiento Renovador Sandinista, hoy Unión Democrática Renovadora.
Este gobierno mete a la cárcel al que le da la gana, como sucedió con el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, acusado por Murillo de “crímenes de lesa espiritualidad”. En febrero de 2023 Ortega “liberó” y embarcó hacía los Estados Unidos 222 presos políticos a los que previamente despojó de su nacionalidad convirtiéndolos en apátridas. Como el obispo no aceptó ese oprobio, lo mantiene preso. Cristiana Chamorro, hija de Violeta Chamorro primera presidenta después de Somoza, la escritora exsandinista Gioconda Belli y el periodista Sergio Ramírez, que formó parte de los miembros sandinistas de la Junta de Gobierno formada a la caída de Somoza, también perdieron su nacionalidad.
Algunos actos dictatoriales de Ortega han sido la persecución religiosa que ha incluido la expulsión de las monjas de la Madre Teresa, el rompimiento de relaciones con la Santa Sede, la prohibición de procesiones durante la Semana Santa y las confiscaciones de los bienes de las fundaciones cristianas. También la expulsión de la Cruz Roja Internacional y la entrega de sus bienes a la Cruz Roja nicaragüense, fundada en 1931 pero copada por el régimen. Por supuesto, se retiró de la OEA a la que acusó de ser un poder colonialista. De los países independientes de América solamente tres, Cuba, Venezuela y Nicaragua, no pertenecen a la organización.
En agosto de 2022, con el voto en contra de San Vicente y las Granadinas y la ausencia de Nicaragua, como es obvio, e, inexplicablemente, Colombia, el Consejo Permanente de la OEA había acusado a Ortega de dictador. También, en marzo de 2023 el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, rindió un informe en el que condena las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privación arbitraria de la nacionalidad y el derecho a permanecer en el propio país.
Ni obstante, ante semejante dictadura, los países latinoamericanos siguen manteniendo relaciones con ese régimen, pues la Carta Democrática es inaplicable ya que Nicaragua no es parte de la OEA.
Colombia debería entender que, si retiráramos nuestro embajador y diéramos ejemplo (¡pensar con el deseo!) la Corte Internacional de Justicia no va a cambiar su decisión sobre el caso que tenemos con Nicaragua y que está pendiente de sentencia.
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Coda uno:
Cientos de miles de pasajeros perjudicados, el turismo gravemente afectado, miles de millones en pérdidas y aviones parqueados, son algunos de los problemas dejados por la incompetencia de la Aeronáutica Civil por el torpe manejo de los casos de Viva y Ultrair. Su Director sigue tan campante, justificándose porque “nos hemos atenido a la ley”. En realidad, se ha inventado la ley.