Dos declaraciones de altos funcionarios relacionadas con la justicia llamaron la atención en esta semana; de un lado, la Alcaldesa de Bogotá, que ante el incremento de la delincuencia  y la inseguridad en la capital, decidió  culpar a los jueces cuando dijo:  “Además del trabajo de @Bogota con la ciudadanía en frentes de seguridad, redes de cuidado, recuperación de  espacios públicos y de la Policía previniendo delitos y capturando delincuentes, es indispensable que la "justicia" no deje libres a 8 de cada 10 capturados! ¿Cuándo será?”.

De otro lado, en el mismo sentido espetó el ministro de Justicia: "Los jueces y fiscales de nuestro país no pueden ser tan exegéticos ni pegados a la norma, si hay elementos suficientes para privarlos de la libertad, actúen, porque tenemos los cupos para poder encarcelar a estas personas".

Llama la atención que los dos altos funcionarios realicen afirmaciones tan ligeras, pero que, además, desconocen la realidad institucional que se impuso en Colombia desde hace ya varias décadas. Estamos, en materia penal en un sistema acusatorio, donde la Fiscalía es la responsable de adelantar las investigaciones por los hechos criminales y quién debe recaudar, con el apoyo de la policía judicial, la prueba que soporte la imputación de cargos. El Fiscal es quién acusa y presenta las pruebas y del rigor con que se actúe en esta etapa preliminar, dependerá el éxito o fracaso de la investigación.

Los jueces tienen un papel diferente: deben evaluar ese trabajo de los fiscales y pegados a la norma, proceder a aplicar estrictamente la ley. Si hay pruebas, imputar y seguramente enjuiciar a los delincuentes, pero si no las hay, lo único que pueden hacer es dejarlos en libertad.

No son los jueces los responsables de los informes mal hechos por la policía judicial, ni de las pruebas mal recaudadas por la Fiscalía; ni ante tales circunstancias pueden hacerse los de la “vista gorda” y proceder a procesar a las personas como equivocadamente lo insinúan los funcionarios aludidos. Todo lo contrario, la mayor garantía para los colombianos, es que los jueces no procedan arbitrariamente, ni que los jueces dejen de apegarse estrictamente a la norma porque el Ministro dice que hay cupos en la cárcel. Se les olvida que fue el Gobierno quién por razones del covid decidió desocupar las cárceles y es por ello que ahora el Ministro se jacta de que se haya reducido el hacinamiento carcelario.    Era de esperarse que, con los delincuentes en la calle, la delictuosidad se dispara como efectivamente está sucediendo.

Que la Alcaldesa se equivoque, vaya y venga; a fin de cuentas es la persona en quién gravita la responsabilidad por la inseguridad de la ciudad y se entiende que busque a los jueces como chivos expiatorios; pero que lo haga el Ministro de Justicia si nos deja muy mal parados como democracia.  Ya es hora de que se ubique a la Fiscalía donde debe estar, en la rama ejecutiva y no en la rama judicial como equivocadamente la mantiene la Constitución. Desde que mutamos al sistema penal acusatorio, los responsables del éxito de la persecución de la delincuencia, debe ser el Fiscal y quién lo terna y nos los jueces, que deben cumplir la ley y la Constitución.