Varios congresistas colombianos han sugerido que “los ricos” deben pagar los gastos que ha asumido el Estado a raíz de la pandemia. La pregunta fundamental es si estos luchadores de clase están conscientes de que, al apuntar su viperina retórica contra “los ricos”, se están refiriendo a sí mismos.

En el 2011, el economista Branko Milanovic argumentó que cualquier persona que obtuviera ingresos anuales de USD $34.000 después del pago de impuestos se encontraba dentro del 1 % más rico de la población global. Según la Revista Dinero, en el 2013, los congresistas colombianos ganaban COP $19.037.000 mensuales después de la retención en la fuente y otros descuentos. Dicha cifra corresponde a USD $10.185 mensuales basado en el promedio entre el valor máximo y el mínimo del dólar frente al peso durante ese año (COP $1.869).

Con los ingresos de poco más de tres meses, los congresistas ya sobrepasaban la barrera de ingresos que divide al 1 % más rico del planeta del resto del mundo. Inclusive tras la brutal desvaloración del peso desde entonces, los actuales sueldos de los congresistas, inflados anualmente en un grotesco ritual, los dejan cómodamente dentro de la máxima élite global en términos salariales.

De hecho, los moradores del Capitolio en Bogotá lideran el escalafón mundial en cuanto a la brecha entre sus salarios anuales y el PIB per cápita del país. Según el economista Luis Guillermo Vélez Alvarez, en el 2019, los congresistas colombianos ganaron más de 19 veces el PIB per cápita colombiano (USD $6.500), cifra que duplica el promedio de América Latina.

La gran divergencia entre los ingresos de los congresistas y los de la población colombiana que los financia es de por sí escandalosa, pero también deja sin fundamentos toda afirmación acerca de la supuesta vocación por el “servicio público” de los políticos de carrera en el país.

Según el ideal de la “nobleza obliga”, quien tiene grandes oportunidades de lucro en el sector privado sacrifica su bienestar económico por servir al “bien común”. La suposición es que el sector público no es el lugar para enriquecerse. Pero en Colombia, donde los salarios del Estado son superiores en un 33 % a los de la empresa privada según el Banco de Desarrollo de América Latina, los incentivos son precisamente los opuestos.

No es estrafalaria la hipótesis de que, con una u otra excepción, ningún miembro del Congreso colombiano obtendría ingresos superiores a los $34.000.000 mensuales en el 2021 como empleado en el sector privado, mucho menos como empresario en un mercado libre. Es evidente también que esperar de ellos algún tipo de acción efectiva para reducir sus propios salarios dada la actual crisis económica es como entregarle a un niño un chocolate y esperar que lo devuelva tras un sermón acerca de la inconveniencia de las caries.

Pero cuando los opulentos caimacanes del sector público hablen de lo que deben o no hacer “los ricos”, es menester invitarlos a que busquen el espejo más cercano.