Al oído de los ministros de R. Exteriores y Justicia

 

 

El  miércoles 23 de noviembre por citación del presidente de la Corte Interamericana, el Gobierno colombiano se reunirá en San José con los “implicados” en el caso de Mapiripán: la Comisión y los representantes de las víctimas. La Corte no tiene facultades para “revisar” sus sentencias, que son de única instancia e inapelables. De manera que su Presidente no tuvo más remedio que acudir al artículo 69 del Reglamento sobre supervisión de sentencias, torciéndole por supuesto el pescuezo a la Convención.

Es fácil predecir lo que saldrá de allí: Colombia es la responsable de todo porque la Corte, la Comisión y los colectivos de marras se basaron en la información que el país presentó. Y como Colombia reconoció su responsabilidad, como lo ha hecho en la mayoría de los casos, todos se lavan las manos y que el país cargue con el muerto (o, usando un símil con Mapiripán, con el vivo que aparece como muerto).

Sin embargo, por una vez el Gobierno tiene que actuar con dignidad. Tiene que decirle a la Comisión y a la Corte que, como organismos para-judiciales y judiciales, están obligados a cumplir las normas convencionales, que son a las que Colombia se comprometió. Que Colombia no cumplirá lo que falte de la sentencia de Mapiripán, que revisará todos los casos anteriores y que, en el futuro, solamente indemnizará víctimas adecuadamente identificadas según nuestra ley. Deberá mencionar cómo la Corte convirtió los procesos de dos partes (Estado y Comisión) en procesos de tres (con las víctimas); que hace una sola audiencia para excepciones preliminares, fondo y reparaciones, lo cual implica un prejuzgamiento; que equipara declaraciones de testigos con testimonios; que es ligera en la evaluación de la prueba y que se ha convertido en tribunal de alzada de la Comisión. Y anunciarle a la Corte que Colombia cambiará su cláusula de aceptación de competencia por una en la que puntualizará que se somete a ella pero solamente en los términos de la Convención y no del “Derecho nuevo” que se ha inventado, especialmente en materia de reparaciones: no más monumentos, ni publicaciones, ni indemnizaciones por “proyectos de vida”, ni víctimas falsas. Y, por supuesto, que retirará su aceptación de la competencia de la Comisión para peticiones de Estados, como las que sirvieron a Ecuador para demandarnos por la muerte de Aisalla en la Operación Fénix.

En el orden interno, además de llevar el delito de fraude procesal hasta sus últimas consecuencias, se requiere que se preparen los casos como corresponde; que los equipos de defensa sean capacitados, conocedores y competentes y hayan demostrado su eficacia; y que los jueces ad hoc se comprometan a cumplir con su deber. La lista puede seguir.

México y Brasil lo hacen muy bien y no les da miedo utilizar asesores extranjeros, ni rechazar las sentencias cuando son absurdas, como lo acaba de hacer Brasil.

Coda. ¿Alguien sabe para qué sirve la Comisión Nacional de Televisión?