Hace un año

Hace un año que la Corte Internacional de Justicia dictó su fallo a favor de Nicaragua y contra Colombia, en el que desintegró el archipiélago de San Andrés, hizo trizas el tratado Esguerra-Bárcenas de límites territoriales y marítimos e ignoró el principio pacta tertiis al desconocer tratados como el de Colombia con Honduras y el Vásquez-Saccio. Esa decisión que, de acuerdo con la carta de la ONU, está plenamente cumplida porque consiste solamente en un mapa que adjudica aguas y un razonamiento para hacerlo, ha producido muchos efectos en el orden jurídico -si un tratado territorial con ochenta años de ejecución no se sostiene ante la Corte ¿cómo es posible confiar en ella?-, sino en el material. Y no solamente por el problema de las pesquerías, olímpicamente ignorado por el Tribunal, sino por el efecto eventual sobre la reserva de biosfera Sea Flower, amenazada ahora por las concesiones petroleras nicaragüenses y la pesca de arrastre.

Si bien la responsabilidad de este fallo recae sobre todos los gobiernos desde 1980 -año del Libro Blanco sobre el Archipiélago- hasta la fecha, los hechos posteriores son responsabilidad del gobierno actual. Inmediatamente después del fallo, el gobierno atendió una petición que hizo a mediados de los noventas Prosper Weil de denunciar el Pacto de Bogotá. La Canciller luego borró con el codo lo que había escrito con la mano al decir que eso no nos defendía de nuevas demandas antes de que transcurriera un año desde la denuncia, interpretando por anticipado en contra nuestra el tratado. Y ¡claro! Nicaragua nos demandó otra vez. Y el gobierno se apresta a concurrir, de nuevo, ante un tribunal que carece de jurisdicción no solo porque no hay instrumento que se la dé y porque la demanda de Nicaragua fue listada separadamente de la original, sino porque se basa en la Convención  de 1982 de la que Colombia no es parte.

Ha pasado un año y no se han trazado en el archipiélago las líneas de base rectas, que sirven para determinar la anchura de las áreas marinas y submarinas. Lo que se hizo por decreto fue unir las zonas contiguas, nadie sabe para qué. Mientras tanto Nicaragua trazó las suyas y, consecuentemente, amplió sus áreas hacia el este, es decir, por cuenta de las aguas colombianas. Colombia protestó ante Naciones Unidas pero la nota no ha sido publicada, que yo sepa, en el website de la Cancillería. La Canciller ha dicho que no hay hechos nuevos que justifiquen una petición de revisión -de verdad ¿no hay? porque quizá los haya- y no se sabe en qué anda el estudio de una posible interpretación. Demasiado secreto, en particular con los expertos.

Se le ha metido plata a San Andrés y se le va a meter más. Justo, luego de décadas de descuido de lo cual no es responsable exclusivamente esta administración.

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Coda. El último reportaje de Juan Gossaín sobre los precios de los medicamentos, deja al ministro del ramo como un cuero.