Cómo quisiera poder sumarme al coro de quienes miran complacidos cuanto está sacudiendo en esta amada Colombia, o creen que es mejor callar para no levantar tormentas. Pero, como ciudadano que ama profundamente a su patria y dirigente católico, siento, en conciencia, el deber de dar mi aporte en momentos de dificultad o confusión en relación con el avance o no hacia la paz, a la cual todos quisiéramos llegar. Ante graves desenfoques, estimo deber insistir en principios salvadores que nos ofrece nuestro credo cristiano, y que es urgente, también, llamar la atención a personas de gran probidad y competencia en el tema constitucional, que hagan sentir su voz en forma compacta en defensa de nuestras bien fundamentadas normas. Me refiero, en esta primera reflexión, a este último aspecto, y, luego, al primer punto, tan trascendental.
En busca de la paz se han dado múltiples pasos, y, en nuestros días, a largo diálogo del Gobierno con las Farc, hasta llegar a un primer “acuerdo”, que se puso a consideración del pueblo colombiano en el plebiscito (02-10-16), a cuyo resultado ofrecieron obedecer las dos partes acordantes. Hubo un momento que se ha debido aprovechar con espíritu patriótico, y fue la respuesta dada por el pueblo colombiano, que dio su voto, en conciencia y libremente, con análisis sereno de la propuesta concreta que se le presentaba, como lo pidió la Iglesia Católica. Así respondía el constituyente primario, que merecía todo respeto. Enseguida, Gobierno y Farc, recibieron los reclamos de los voceros del resultado triunfante, los llevaron a discusión a puerta cerrada, poniendo atención a algunos pero desoyendo objeciones de fondo tejieron, así, “nuevo acuerdo”, al que se le abrió paso, con apoyo de parlamentarios irrestrictos seguidores del Gobierno.
De esa manera se inicia avance a imponer lo acordado, con desprecio, en gran parte, de la voluntad popular, echando mano de medidas que pisotean la Constitución, con debates en el Parlamento como fórmula de aparente constitucionalidad, ya que los resultados, por más razones válidas que expusieran los opuestos, ya estaban definidos de antemano. Se ha abierto paso, así, a Tribunales y Justicia especiales, que ofrezcan a impunidad y privilegios a guerrilleros a quienes se premia el “virtuoso acto” de no seguir delinquiendo. Se ha mantenido, también, la “conexidad” de graves delitos con acciones políticas, y se ha sustituido la Constitución por normas favorables a quienes han cometido grandes crímenes, y se establece que estas disposiciones regirán por doce años.
Ante tal panorama, se necesita el pronunciamiento de prestantes juristas, constitucionalistas, probos ciudadanos, que, sin estar matriculados en bandos partidistas, sigan advirtiendo el tremendo desquiciamiento nacional a que nos van llevando. Para que de verdad se construya la paz, que de alguna manera se aprovechen los costosos pasos que se han dado, como cese de hostilidades y entrega transparente de armas, y que, en diálogo nacional, sereno, se estudien, y pongan en práctica, necesarias revisiones al nuevo “acuerdo”, que se está imponiendo, con atropello de normas constitucionales y de la voluntad popular. Gobierno y guerrilla, en gesto patriótico, debieran reconocer que, con el estilo de maquinaria aplastante con que han venido operando, no están construyendo una paz estable. Que acepten las poderosas razones que ponen de manifiesto la gravedad de la situación a que nos van llevando.
En tantos momentos se ha acudido, y hoy es indispensable, a la “conciencia jurídica” del país. Es preciso hacerla conocer con claridad, y aplicarla con energía, hacerla sentir al pueblo colombiano para que, en forma pacifica, pero contundente, la exija, si queremos salir adelante. Es preciso que ciudadanos íntegros, versados en materia constitucional, en forma compacta, hagan oír su voz sobre esos puntos, con claridad y entereza, y que colombianos, todos, manifestamos apoyo decidido a esos claros criterios orientadores, como salvamento nacional (Continuará).
*Obispo Emérito de Garzón