La reforma política es sin duda una de las necesidades más urgentes para el futuro democrático del país. Ya son múltiples los intentos frustrados desde 2009, cuando se aprobó una reforma de relativa trascendencia, relacionada con la organización y funcionamiento de los partidos políticos. En este momento cursan cerca de cinco proyectos radicados en el Congreso, incluyendo el presentado por el Gobierno Nacional. En esencia se trata de dos temas gruesos: La arquitectura institucional y la reforma al sistema político.

En relación con la arquitectura se propone, entre otras cosas, la eliminación del Consejo Nacional Electoral, la transformación de la Registraduría en un órgano colegiado y la creación de una Corte Electoral. Respecto de la reforma al sistema político se plantean las listas cerradas, el voto obligatorio, la financiación estatal de las campañas, limitar el período de los congresistas y el trasfuguismo. Sin duda propuestas de mucho fondo que deben ser estudiadas con cuidado, si se quiere evitar el rompimiento de la estructura axial de la carta política y una posible declaración de sustitución de la Constitución.

Se echa de menos en los proyectos radicados temas tan importantes como la circunscripción nacional de Senado, responsable de campañas multimillonarias. Actualmente, seis departamentos cuentan con más de la mitad de los senadores del país y once carecen de representación en esta Cámara alta. Prácticamente no existen países democráticos en el planeta, cuyos legisladores se elijan bajo este sistema.

De otro lado, la posibilidad de presentar listas en coalición para el Congreso de la República y el derecho a la escisión de los partidos políticos, requieren una reglamentación especial. De lo contrario, volveremos al pasado, cuando en Colombia existían cerca de 74 partidos que dieron origen a las llamadas microempresas electorales. Recordemos que esta negativa situación tuvo que corregirse a través de la reforma constitucional del año 2003.

Por ningún lado se proponen mecanismos que fortalezcan los partidos políticos, lo que indefectiblemente supone que cada vez será más precaria su situación y por tanto más desgastada su imagen. Es evidente que seguirán aumentando las candidaturas populares por firmas, las que, en muchos casos, son un engaño a la ciudadanía, cuando terminan coaligadas con los partidos tradicionales. Por ejemplo, sería muy importante que quien se postule acudiendo a la recolección de firmas, no se le permita recibir avales de las organizaciones políticas.

Crear una Corte Electoral que recoja tanto competencias administrativas como judiciales no pareciera ser la mejor decisión. Recordemos que es tan peligroso politizar la justicia como judicializar la política. Son varios los ejemplos en Latinoamérica donde las autoridades electorales de naturaleza judicial, han terminado influyendo de manera preocupante en la definición de los candidatos presidenciales. Por su parte el Consejo de Estado, en un juicioso escrito, ya fijó posición muy precisa frente a la creación de la Corte Electoral.

Si se tramita de manera conjunta, tanto la arquitectura como la reforma al sistema político, se transitará un camino seguro al fracaso, puesto que siempre habrá quienes no estén de acuerdo con unas u otras iniciativas. Amén del cálculo político que cada partido seguramente está haciendo frente al voto obligatorio y el trasfuguismo. En todo caso hay que ser realistas. Pensar en que el Congreso de Colombia apruebe de un solo tajo tamañas iniciativas es no sólo ingenuo, sino de alguna manera irresponsable si se pretende estrenar semejantes cambios para un mismo proceso electoral.