La reforma al sistema de salud solamente se conoce por la información que suelta a cuentagotas la minSalud, aunque ella diga que es la “reforma más discutida de la historia republicana”.  Lo que sigue se basa, pues, en esa información precaria, pero creo que es útil para el lector que no tiene tiempo ni paciencia para seguir la cantidad de comentarios y noticias imprecisos y a veces tendenciosos sobre el tema.

El régimen actual se basa en la ley 100 de 1993 que buscó establecer el derecho de todos para acceder a la salud sin discriminación y en todas las etapas de la vida, bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Se diseñó un plan obligatorio de salud financiado por las contribuciones de los afiliados y en parte por el Estado, manejado por las EPS que recaudan los recursos, y prestado por las clínicas, hospitales etc. (IPS).

Al ser aprobada la ley surgieron decenas de EPS, creadas por entidades médicas o financieras y algunas por mercaderes de la salud que operaban con una comisión de alrededor del 10% de los recursos. En 2008 el antiguo ISS se transformó en EPS. Muchas de esas EPS terminaron intervenidas y liquidadas por razones financieras y deudas enormes con las IPS -$23,3 billones, de los cuales $16,6 billones corresponden a las EPS activas y $6,7 billones a las liquidadas o en liquidación-. Lo grave es que este sistema ha llevado a la quiebra a más de un hospital que no tiene más recursos que los que le debían pagar y no le pagaron. Y todo por negligencia de la Superintendencia de Salud que no cumplió adecuadamente su deber de vigilancia.

La ministra propone terminar con las EPS y entregar la administración de los recursos públicos a una entidad llamada ADRES que es en la actualidad el ente público que maneja los fondos que provienen del presupuesto y otras fuentes. Esto tiene defensores y enemigos. Yo personalmente comparto lo que dice el exministro Fernando Ruiz: “Yo de entrada no soy defensor de las EPS, pero sí creo que el sistema debe mantenerse como aseguramiento”.

De hecho, las EPS garantizan el aseguramiento del 97% de la población y cuentan, aunque con reservas, con cierta satisfacción de los usuarios del régimen contributivo. La ADRES es una entidad que paga hoy los servicios del 70% de los proveedores y de las clínicas y hospitales en el régimen subsidiado, que tiene aproximadamente un 52% de todos los afiliados al sistema de salud.

Sin embargo, hay quienes consideran que este proyecto sería volver al antiguo y fracasado sistema del ISS. Yo, por naturaleza, le tengo desconfianza a esas entidades a menos que sean supervigiladas, autónomas e independientes.

El sistema actual, que exige que las recetas de médicos e IPS y los medicamentos requieran autorización previa de las EPS, no funciona. Largas colas se presentan para conseguir las autorizaciones para procedimientos o para comprar las medicinas, si es que “se dignan” autorizarlas.

La reforma propone que baste el visto bueno del médico o de la IPS para prestar el servicio. Esto es positivo.

Propone igualmente la creación de centros de medicina general como paso previo para los especialistas o las cirugías. Así funciona en Europa satisfactoriamente y podría serlo en Colombia siempre y cuando el médico general no se convierta en obstáculo, como puede suceder.

El nuestro no es, como dijo Petro, el peor sistema del mundo, pero tampoco el mejor. Estamos en el medio, pero tenemos amplia cobertura. Ojalá el Congreso sea cuidadoso y no apruebe la reforma por razones políticas.