Creo que el asunto de las relaciones exteriores de Colombia nos está creando enemigos donde no debíamos. Me refiero, por ejemplo, a la pelea que Petro cazó con el Perú por cuenta del golpe de estado que intentó Pedro Castillo y que lo tiene en la cárcel. Petro salió al quite, metiéndose con el orden jurídico interno y la constitución peruana. El Perú, que es nuestro socio en la Alianza del Pacífico, ni corto ni perezoso protestó y como Petro insistió en meter las narices donde no debe, retiró a su embajador lo que, en la práctica, significa que rompió sus relaciones con Colombia.

El otro caso es el de El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, ha tomado decisiones internas sobre las bandas criminales que azotaban el país, medidas que no le gustaron a Petro que está tratando de hacer todo lo contrario, es decir, liberar a cuando delincuente está preso con la intención de la paz total o porque las cárceles están congestionadas. Bukele se ha encargado de recordar que, mientras en su país la criminalidad se ha reducido sustancialmente y el pueblo aplaude esas medidas, en Colombia el problema de la inseguridad aumenta y es la primera preocupación de los ciudadanos.

El incidente de la expulsión de Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por más de cincuenta países, muestra muy bien el temperamento ideológico del gobierno. Mientras por la frontera entran, legal o ilegalmente, miles de venezolanos, muchos de los cuales aparecen todos los días como delincuentes, Guaidó lo hace huyendo de la persecución de Maduro, y de inmediato presidente y canciller dicen que lo hizo ilegalmente y, como “en Colombia se cumplen las leyes”(?), hay que expulsarlo. Gracias a la intervención de los gringos, Guaidó logró tomar un vuelo comercial a Miami donde los Estados Unidos le van a dar asilo.

Petro va a la OEA (llega tarde) y echa un discurso improvisado donde confunde la Convención Americana sobre Derechos Humanos con la Carta Democrática Interamericana. Lo lógico hubiera sido que el discurso se lo hubieran preparado en la Cancillería, con la misma idea de Petro, naturalmente, pero sin incurrir en semejante confusión. La idea de Petro de modificar la Carta Democrática se refería más bien a la Convención, pero olvidó que ésta tiene un Protocolo vigente que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales (aunque no a los “derechos” de los árboles y los ríos), los que Petro quiere “añadir” a la Convención.

El caso de Iván Velásquez con Guatemala es bien conocido: formó parte de la Comisión internacional contra la Impunidad entre 2013 y 2017 y fue expulsado del país. Recientemente el Ministerio Público guatemalteco le abrió una investigación, lo que alborotó a todo el gobierno colombiano y la izquierda que reaccionaron duramente, lo que motivó que Guatemala llamara a consultas a su embajadora y lo propio hizo después Petro con la nuestra. Guatemala dice que allá hay separación de poderes y las decisiones de la justicia hay que respetarlas. Tienen razón, especialmente si se trata de un gobierno extranjero. Convertimos un asunto personal en algo político y nacional.

Colombia no asistió a una reunión de la OEA donde se condenó a la dictadura nicaragüense. Ni reaccionó, como sí lo hizo Chile, ante la expulsión de ciudadanos nicas de su país quitándoles la nacionalidad.

Finalmente, el Canciller se refirió al “departamento de Panamá” lo que desató las iras de ese gobierno. Era un chiste, pero ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros si lo mismo hubiera sucedido con España –de la que fuimos colonia-? Tuvo que disculparse.