El Gobierno Nacional ha sostenido que la crisis de la salud se debía exclusivamente a que las EPS “hacen negocio con los recursos de la salud” y por eso no le pagaban a tiempo a los hospitales, lo que conllevaba un mal servicio. Aseguraba, además, que no solo los recursos eran suficientes, sino que un sistema administrado por el Estado mostraría que la plata si alcanza, que las EPS se estaban enriqueciendo, y que, por lo tanto, la calidad del servicio mejoraría. Prometió un sistema preventivo que abarataría la salud, porque impediría que las personas se enfermaran o se agravaran. Dijo que el giro directo salvaría los hospitales.

Hoy tenemos evidencias de que todo lo dicho es equivocado; por eso, todas las decisiones que han tomado han dado resultados tan precarios y malos.

El gobierno hoy tiene bajo su control siete EPS: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Emssanar, Asmet, SOS y Savia Salud. A todas les retiró su junta directiva y, en cuatro de ellas, incluso removió su asamblea de accionistas para tener control total. Cabe recordar que los agentes interventores son nombrados por el gobierno, escogidos por ellos.

La administración estatal ha sido fatal. La atención a los pacientes se ha deteriorado. Hasta julio, las EPS intervenidas recibieron 463 mil reclamos, superando años anteriores. Llegaron a máximos históricos de tutelas. Por ejemplo, la Nueva EPS pasó de 135 mil reclamos (2022) a 182 mil en 2024, y de 34 mil tutelas a 67 mil.

Las EPS intervenidas tampoco han sido efectivas en pagarle a tiempo a los hospitales; las deudas, por el contrario, han crecido. La suma de las seis EPS intervenidas alcanza este año más de 1 billón de pesos en cartera vencida mayor a un año. En el año 2022 esta cartera era de 288 mil millones. Incluso la cartera a corto plazo, de 30 días, también alcanzó 1 billón de pesos. El total de la deuda acumulada de las EPS a hospitales supera los 4,5 billones. Un dato significativo es que el 71% de la deuda es con clínicas privadas.

No mejoraron en servicio, ni en el pago puntual a los hospitales. En ambos indicadores se rajan. A esto se suma un tremendo escándalo de corrupción que involucra a los funcionarios del gobierno que actúan como interventores. Caracol Radio denunció que un oscuro personaje mencionado en varios escándalos de salud estaría reuniéndose con los interventores y decidiendo a quién se paga; ahora sabemos que, además, están robándose la plata de la salud y enviándola a paraísos fiscales. Sí, los funcionarios nombrados por el gobierno robándose la plata de la salud.

Las intervenciones también han dejado ver de manera muy clara que los recursos de la UPC no son suficientes. Hemos señalado varias veces que uno de los más graves problemas del sistema es que los recursos son insuficientes. La ministra Corcho y el gobierno han sostenido que no es cierto. Sin embargo, la administración de las EPS intervenidas muestra que estamos gastando hasta 30 puntos por encima del requerido, y eso que prestando un mal servicio como lo están haciendo.

Las EPS intervenidas están gastando más de los recursos que reciben. En agosto de 2022, Petro recibió la Nueva EPS, la cual de cada 100 pesos que le ingresaban gastaba 95. En junio de 2024, de cada 100 pesos que ingresan a la entidad se gastan 126 pesos. En el caso de Famisanar son 115 pesos, Asmet 133 pesos, Sanitas y Savia Salud 102 pesos. Incluso tengo las respuestas de los interventores del gobierno de Famisanar y SOS, que afirman que los recursos que reciben no son suficientes para el nivel de demanda de salud de los colombianos.

A esto hay que sumarle la gravedad de lo que está sucediendo con la Nueva EPS, que no reporta su situación financiera desde febrero de este año. Por acción de tutela, obtuve la información que demuestra que la declaración de Aldo Cadena, en la que indicaba que en 2023 la Nueva EPS había perdido 400 mil millones, fue falsa; las nuevas cifras muestran un déficit adicional de 4,4 billones. En 2023, los pasivos fueron más de 11 billones de pesos (y no los 6 billones que había reportado Cadena). En lo corrido de este año, las pérdidas son más de 1,5 billones de pesos.

La información de la Nueva EPS muestra el fracaso del giro directo. Dijeron que girarían el 80% y luego de la auditoría el restante. Siempre dijimos que no podrían auditar 450 millones de facturas. Pero el problema es peor. El interventor de Nueva EPS me afirma que el 20% restante solo se puede pagar con actualizaciones de la UPC y con capitalización de los socios; no tienen cómo pagar. Tienen a los hospitales perdiendo el 20% cada mes, mucho más grave que cuando pagaban las EPS privadas. Por eso ya varios hospitales no atenderán a la Nueva EPS por ejemplo en el Quindío. 

Si algo muestra el esfuerzo del gobierno es que no sabían lo que estaban dañando. Hay que salvar nuestro sistema, aún en contra del capricho del gobierno.