Pasado mañana, Cataluña votará para tener un nuevo gobierno autonómico y, como sea, será un día memorable.

Serán elecciones libres y limpias porque han sido convocadas y organizadas por el gobierno central.

El gobierno central ha organizado las elecciones porque se vio obligado a aplicar un artículo de la Constitución: el 155.

Ese artículo permite la aplicación de las medidas que sean necesarias para restablecer la democracia cuando los dirigentes regionales atentan contra la integridad territorial del Estado.

De hecho, el gobierno anterior, fruto de una coalición de extremistas, declaró, del modo más bananero y desparpajado, la declaración de independencia de Cataluña.

Una verdadera chapuza que convirtió a los secesionistas en el hazmerreír del mundo entero.

De hecho, los radicales pensaron dos cosas.  Primero, que el gobierno central estaba tan debilitado que el momento era el más indicado para emprender esa aventura feudal.

Y segundo, que por esa misma laxitud, el gobierno no se atrevería a aplicar el antedicho artículo para ejercer el control y garantizar la seguridad, la soberanía y la integridad.

Pero ni una cosa, ni la otra.  Por el contrario, el gobierno conservador gozó del apoyo de socialistas y liberales de tal modo que, sin prisa pero sin pausa, se dio a la tarea de rescatar a la democracia secuestrada.

En perfecta concordancia conceptual con el aparato de justicia, Cataluña no solo recobró la seguridad y la estabilidad sino que vio, con alivio, cómo los perpetradores del estropicio eran conducidos a prisión.

Y los que lograron escapar, andan ahora por Europa haciendo telecampaña electoral, pero a sabiendas de que, aún si ganasen las elecciones, serían arrestados tan pronto como pisen suelo patrio; y no por poca cosa: rebelión, desobediencia, prevaricato y malversación de fondos.

En otras palabras, todos los secesionistas catalanes (de izquierda, o de derecha, republicanos o no ), saben que a día de hoy se encuentran bajo libertad condicional, de tal forma que si persisten en sus intentonas de golpe, serán sometidos a la justicia, tal como debe suceder en cualquier democracia que se respete. 

Más aún, si admiten la violencia directa, tal como sucedió (para citar tan solo los dos ejemplos más recientes) con los ataques infligidos a la familia del propio líder de la oposición, Albert Rivera, en Granollers, y el golpe mortal que los sediciosos le propinaron a Víctor Laínez, en Zaragoza, tan solo porque llevaba puestos unos tirantes con los colores de la bandera de España.

Por último, si la unidad entre conservadores, socialistas y liberales invistiera como presidenta a Inés Arrimadas, del partido Ciudadanos, una nueva Cataluña se echaría a andar.

Y se echaría a andar para fortalecer la unidad nacional española, la integración europea y las relaciones iberoamericanas, muy a pesar de Maduro y de las Farc, simpatizantes como son de sus pares marxistas de la Costa Brava.