En mi anterior columna prometí aportar tres soluciones viables para mejorar la seguridad de Bogotá. Ejercicio que hago con humildad, pero con la mayor determinación porque creo firmemente que la ciudadanía debe unirse en torno al alcalde para enfrentar la desbordada criminalidad.

Comencemos: El problema no es la falta de iniciativas, ideas o propuestas, sino la incapacidad para materializarlas. Por ejemplo, no ha existido alcalde o candidato de la época reciente que no haya insistido en la necesidad de aumentar el pie de fuerza de la policía. La dificultad yace, no en la intención, sino en la falta de recursos y/o la a veces nula disposición de la nación.

Eso sí, todos los alcaldes encuentran la perfecta excusa cuando el Estado es reacio y, si no se acomodan como pueden dando mediocres resultados, evitando el desgaste de cumplirle a la ciudad con el pie de fuerza necesario para que, por lo menos, tengamos el promedio establecido por la ONU de 300 policías por cada 100.000 habitantes.

Lo anterior tiene solución, pero requiere de decisión y acción por parte del alcalde. El cuento de que Bogotá no tiene recursos es chimbo, el problema es que gastamos en lo que no debemos: burocracia. Si la ciudad recortará radicalmente el gasto, eliminará corbatas y duplicidades de funciones, fusionará secretarías, entre otras medidas, lograría encontrar los recursos que requiere para formar nuevos policías para la capital.

Existen apartes de prensa en donde se afirma que Claudia López gastó “$1.400 millones en formar 1.500 policías que no recibió”. No sé si dicho costo es real, en lo personal me parece infamemente barato, sobre todo si se compara con el gasto de otros rubros de la ciudad. Estoy a la espera de la respuesta a un derecho de petición para que la policía confirme o no dicho monto, pero de ratificarlo, no hay excusa que valga para que Bogotá no solucione en este cuatrienio el déficit de 10.000 policías.

A lo mejor no incluye la dotación y salarios, no obstante, me niego a pensar que Bogotá no pueda frenar el derroche e invertirlo en seguridad. Los 33 billones de pesos y el poder político de la ciudad deben lograr autonomía vía un robusto convenio con la Policía Nacional que garantice junto con otras estrategias, como reintegrar a los veteranos en retiro como colaboradores, los 26.600 efectivos que se requieren.

Menos burocracia, más policía.

En la próxima columna abordaré una sugerencia para frenar la reincidencia por medio de una política de tres oportunidades, robustecimiento de la capacidad judicial de la ciudad y el aumento de cupos carcelarios por medio de leyes existentes que permiten hasta la concesión de las mismas. Finalmente, en la tercera columna, hablaré del problema de articulación entre las autoridades y la ciudadanía, el cual parece haber empeorado radicalmente durante la anterior administración “Anticorrupción”.