En Colombia estamos viviendo un estado de crispación y animosidad que, francamente, puede hacer ingobernable el país. Estamos como en los comienzos de la vida republicana en la que un sector de los nuevos dirigentes hacía responsable a Bolívar de todo cuanto acontecía en nuestro suelo y, especialmente, de los males y dificultades que nos asediaban para consolidar el nuevo marco institucional que aún seguía dependiendo de las leyes españolas.
Por ello no nos dimos cuenta que el Libertador lo que trataba era de evitar la disolución de La Gran Colombia y los brotes de anarquía que promovían los caudillos militares en Venezuela y Ecuador que podían dar al traste con el proyecto de unificación en un solo Estado. Lo mismo ocurrió con la dolorosa separación de Panamá que tuvo como antecedente nefasto la guerra de Los mil días. Faltó realismo, visión de futuro y menos odio entre nuestros dirigentes.
Con las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP se pudo haber construido un espacio para llegar a un consenso sobre los dos puntos que se propuso para aceptar el resto. Pero se prefería que hubiera vencidos y vencedores en un tema tan sensible para la vida del país.
Por otro lado, la declaratoria de nulidad de la elección del senador Mockus por parte de la Sección V del Consejo de Estado y la de la representante Ángela Robledo es vista por algunos como una cruzada contra los movimientos de izquierda. Un órgano de la justicia no obra con esos criterios y, lamentablemente, ese tipo de reacciones contribuye a desinstitucionalizar el país.
Del mismo modo, circuló en estos días una versión, avalada un poco por la Fiscalía, en el sentido de que los teléfonos de algunos de los magistrados de la Corte Constitucional podían estar siendo intersectados, lo que hubiera sido muy grave, pero el miércoles pasado el fiscal Fabio Espitia -a cargo de la investigación- dijo que no se habían presentado tales interceptaciones.
Todo este panorama nos revela que estamos viviendo una especie de zozobra o desazón colectiva en donde nadie cree en las instituciones, particularmente en los que tienen a su cargo la administración de justicia, si se toman decisiones que no nos favorecen. Y el último de esta seguidilla de episodios fue la suspensión de las visas de dos de los magistrados de la Corte Constitucional -que ya las recuperaron- y uno de la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia. Se ha dicho que esa medida se adoptó por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de presionar las decisiones que tienen pendientes por tomar.
Si ello fuere así, sería una torpeza mayúscula, porque ningún órgano de la justicia se deja presionar de esa manera, y las autoridades de los Estados Unidos nunca explican las razones de ese tipo de actuaciones. Lo que no resulta justo es señalar al gobierno de Colombia como el responsable de estar ejerciendo ese tipo de presiones, porque ellos no se dejan presionar. Realmente pareciera que la campaña presidencial no hubiera terminado o que la del 2023 ya comenzó.