En diferentes escenarios hemos escuchado el anuncio oficial del Gobierno, según el cual, Colombia hará una transición energética. Así se afirmó recientemente en el Foro Económico Mundial, realizado en Davos, Suiza y se incluye como capítulo fundamental, en el Plan Nacional de Desarrollo.  

Para el uso de energías más limpias debemos transitar de manera gradual y segura, con los objetivos claros y firmes, definiendo estrategias de mediano y largo plazo, no sólo por las exigencias y compromisos a nivel mundial en materia medioambiental, sino también, por el agotamiento de nuestra producción interna.

Es imperioso dejarle claro al país y a la comunidad internacional, la posición al respecto y garantizar el cumplimiento de los compromisos actuales de exploración y explotación de petróleo y gas, así como, la política y acciones frente a los nuevos contratos y al futuro del sector.

Por otra parte, análisis realizados por la CGR, tras la entrada en operación de Hidroituango indican que no se observó una variación significativa en el precio de la bolsa de energía (se encontró un coeficiente de correlación de sólo 0,19). Por esta razón, mantendremos el seguimiento especial y los acompañamientos que la Contraloría ha venido realizando desde marzo de 2022, para velar por la adecuada inversión de los recursos recuperados con el fallo de Responsabilidad Fiscal por $4,33 billones y para contribuir a minimizar riesgos (ambientales, sociales, sectoriales, técnicos y financieros), asociados a este proyecto.

Justamente esta semana tuve ocasión de conocer y recorrer el proyecto, que es impresionante por sus dimensiones y alcances, y es evidente todo lo que significa para el país. Allí anuncié que la Contraloría esperará la culminación del proyecto para establecer posibles sobre costos, lucros cesantes y las demás investigaciones que se requieran desde el control fiscal posterior y selectivo.

Así mismo llamé la atención al gerente de las Empresas Públicas de Medellín - EPM-, uno de los principales actores del sector, para que le garantice al país que no va a abusar de su posición dominante como generadora y comercializadora de energía, de tal manera que su gestión no sea un pretexto más para justificar la intervención a las Comisiones de Regulación.

Pienso que dicha intervención, aunque pueda estar justificada si consideramos la deficiencia de calidad que sufren los usuarios junto con las constantes alzas tarifarias, debe estructurarse de forma clara y concisa, sin permitir extralimitaciones y ajustándose a los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia exigidos por la Ley de Servicios Públicos. El Presidente puede asumir directamente las funciones de las Comisiones de Regulación de Energía (CREG) y la de Agua (CRA), pero me he permitido resaltar que estas se encuentran conformadas mayoritariamente por funcionarios del Gobierno. Por eso, la recomendación que me permito formular es que dicha intervención se realice de manera técnica y que atienda, sobre todo, las necesidades reales de los usuarios.

Frente a la producción de gas natural, también quiero llamar la atención. Existe un riesgo latente para su abastecimiento, toda vez, que la política pública no da señales claras para incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos, a pesar de que sí se promueve su uso domiciliario e industrial, así como también el uso del GLP en el parque automotor. Ante este escenario, las compañías podrían optar por cesar sus inversiones y las industrias decidirse por la utilización de otros combustibles, atrasando con esto la transición energética. Las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir el proceso de transición energética, de tal manera que no se ponga en riesgo la confiabilidad en el abastecimiento de energía, la soberanía energética y en general la economía del país.

El sector minero energético genera cerca de 99.000 empleos, representó el año anterior el 56,1% de las exportaciones, y aportó en el último bienio $33 billones en regalías a las regiones, recursos que se destinaron a proveer agua potable, salud, educación y alcantarillado.

Los debates de las políticas sobre el sector minero energético deben asumirse con rigor técnico y prudencia dada la actual coyuntura interna y mundial, en la cual, se presenta un alto grado de incertidumbre y volatilidad de los mercados.

En este camino de transición energética, Colombia debe ir con cautela y seguridad. Es necesario determinar una hoja de ruta viable y segura para la denominada transición justa.

Desde la CGR estaremos vigilantes para el perfeccionamiento de las políticas públicas desde un debate técnico, riguroso y objetivo.

Es el primer viaje que realizo a este megaproyecto y con seguridad no será el único, porque defender juntos nuestros recursos públicos, tiene sentido.

*Contralor General de la República