“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia”.
Theodore Roosevelt
En cada elección en nuestro país se habla de fraude, de falta de garantías de una legislación electoral deficiente y de que no se respetan los derechos del sufragante.
Pues bien, estos comicios no son la excepción y hay denuncias por doquier que en muchos casos solo son falsos positivos electorales y otros que si constituyen verdaderos delitos políticos, que pasan al ámbito judicial.
Con el fin de dar más transparencia y garantías a candidatos y electores el CNE creó, mediante Resolución 0737 de 2018, los Tribunales seccionales de garantías y vigilancia Electoral en los 32 departamentos y el Distrito Capital.
En esta ocasión ,diferentes entidades del estado como: El Consejo Nacional Electoral, la Registraduria Nacional del Estado Civil; la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y Los Tribunales de Garantías y Vigilancia Electoral y la labor que hace la Moe, han unido sus esfuerzos para mitigar las prácticas ilegales y burdas, como la tradicional “compra de votos”, adulteración de formularios, suma de votos inexistentes, que constituyen verdaderos delitos electorales, hasta engaños al elector, traslado de electores hacia puestos que no corresponden a su domicilio o lugar de asentamiento, cambio de tarjetones, alteraciones en los resultados del conteo de votos, utilización de cédulas falsas o de personas fallecidas, violación de la cadena de custodia, lo que constituyen una serie de anomalías, que van en contra del respeto que se debe tener por el sufragante y por los candidatos .
A esas prácticas que podremos denominar “usuales” se suman ahora las redes sociales y medios de prensa que se prestan para la divulgación de noticias falsas, que buscan desinformar y atemorizar al elector y desviar su atención hacia temas distintos para distorsionar el concepto que se tenga sobre determinado candidato.
Y en esta polémica entran también las encuestadoras que están en el ojo del huracán, porque si llegan a fallar en sus pronósticos, se verán sometidos a una revisión de su participación en las elecciones, porque van a terminar incidiendo en un alto porcentaje en los comicios de cada país y sindicados de fraude ético.
Es vital que los partidos políticos fortalezcan el sistema democrático haciendo una profunda reforma electoral, blindando su actividad electoral con los comités de ética política.
Es de resaltar en estas elecciones la presencia femenina en las instituciones de control electoral con excelentes hojas de vida como lo son la presidenta del CNE Idayris Yolima Carrillo, las magistradas: Gloria Inés Gómez Ramírez y Ángela Hernández; la Dra. Berta Elvira Álvarez asesora de despacho del Ministerio del Interior y gestora de la unidad de reacción inmediata para la transparencia electoral URIEL, y en el Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral de Bogotá D.C están: Yolanda Prado Ruiz y su presidenta Lida Isabel Bonilla Bula; quienes tienen la responsabilidad en este momento coyuntural de hacer historia en materia de transparencia haciendo cumplir a cabalidad la ley electoral.
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