Las cifras mismas, la impotencia fiscal para emprender obras en sus jurisdicciones, y el temor permanente de que el gobierno central vaya a utilizar su inmenso poder financiero como garrote para castigar a quienes no son afectos a la Casa de Nariño, está haciendo despertar un nuevo espíritu descentralista entre muchos de los mandatarios locales.

El gobernador electo del departamento de Antioquia ha propuesto, por ejemplo, que se celebre un referendo para modificar el artículo 298 de la Constitución para que los impuestos -hoy nacionales de renta e IVA- sean recaudados e invertidos en las regiones donde están domiciliados los contribuyentes.

El debate no es solo colombiano. Los separatistas catalanes que acaban de negociar con Pedro Sánchez sus votos para que éste pueda continuar como presidente del gobierno, lo han hecho arrancándole no solo el compromiso de indultar a quienes intentaron actos de secesión contra España, sino además el compromiso de tramitar una ley ante las Cortes españolas cambiando el estatuto de las comunidades autónomas que allí existe, en virtud del cual los impuestos recaudados en Cataluña serán invertidos en la comunidad catalana, sin entrar a los fondos comunes del presupuesto que se gestiona y decide desde Madrid.

Esta tesis es difícil que se abra camino: si bien las regiones más ricas de todo país tienen la entendible ambición que los tributos que se recauden en sus jurisdicciones sean invertidos  donde han sido generados, no es menos cierto que la hacienda pública tiene también fines redistributivos: lo que obliga a que parte de lo recaudado en las regiones más ricas sirva para redistribuir parte del ingreso nacional hacia la periferia más pobre, y ayudar de esta manera a la convergencia en la calidad de vida del conjunto nacional. Lo cual implica, necesariamente, que una parte de los recaudos fiscales de las zonas más afluentes se dirijan hacia las comarcas más necesitadas.

La tesis pues es difícil que se abra camino, pero no deja de reflejar un innegable clima de malestar cada vez más palpable que se percibe en las regiones colombianas que ven con enojo que una parte considerable de los impuestos que se generan en sus jurisdicciones vayan a engrosar las fauces insaciables del gobierno central.

Y a nivel de la mayoría de los municipios, excluyendo las grandes capitales, el malestar es aún mayor: sienten cómo la dependencia de las transferencias del gobierno central hacia las entidades regionales es cada vez mayor. Lo que obliga a sus mandatarios a convertirse en visitantes permanentes de las oficinas bogotanas mendigando ayudas y subsidios del gobierno central. El 82% de la inversión social que se realiza en los departamentos depende del sistema general de participaciones, y a nivel de inversión en infraestructura la dependencia es aún mayor.

El gobierno central y sobre todo el presidente Petro, ni corto ni perezoso, percibiendo esa condición de dependencia de las regiones, no ha dudado en hacérsela sentir a los mandatarios locales. Invitando por ejemplo a desayunar a los amigos del gobierno y negándose a concurrir a las reuniones de la Federación Nacional de Departamentos. O como traslució en el debate sobre la financiación de la línea uno del metro de Bogotá durante la campaña que concluyó el pasado 29 de octubre, deslizando la amenaza (inaceptables desde luego) que los aportes obligatorios que debe hacer por ley del gobierno central estarían condicionados a que se aceptaran sus ideas fijas de soterrar una parte de la primera línea del metro capitalino.

Hay que repensar pronto el inmenso asunto de las finanzas territoriales. El gobierno había prometido que, en este año, se presentaría una reforma de los tributos locales, modernizando su recaudo, eliminando tributos anticuados y costosos cuyo recaudo es insignificante, y, en fin, poniendo a tono la tributación local con las necesidades de las comunidades que viven en la Colombia descentralizada de que habla la Carta del 91.

No podemos seguir con una tributación de hojalata para las regiones y con otra de hierro para el nivel nacional. Esa reforma que se suponía iba a recoger las recomendaciones de una comisión de expertos que se creó con tal propósito nunca vio su día.

Es una deuda pendiente que tenemos viva con departamentos y municipios.