Gobernar las diferentes regiones de Colombia no es un tema sencillo, cuando se trata de un alcalde juicioso y honorable que busca el bienestar de su comunidad. Una vez se posesiona, debe construir un plan de desarrollo ajustado a los lineamientos que el Gobierno Nacional fija en su plan nacional y desde allí fijar una política que le permita gestionar recursos para sus territorios; de lo contrario, no le será fácil apoyarse en la cofinanciación de los diferentes ministerios y entidades descentralizadas.

Los actuales alcaldes elaboraron sus programas conforme a las políticas trazadas por el anterior Gobierno, cuyo énfasis todos conocemos, en especial, aquel relacionado con la economía naranja. Ahora, estos mismos mandatarios tendrán que cambiar gran parte de sus propósitos iniciales en función de un nuevo Gobierno cuyas políticas son diametralmente opuestas a las que venía trazando su antecesor. Y no solo eso, es posible que muchos de los proyectos en ejecución tengan que abortarse o adecuarse a los nuevos lineamientos de un plan de desarrollo que solo hasta mediados del año entrante será aprobado.

Esta situación obedece al hecho de que en Colombia se cruzan los períodos de los alcaldes y gobernadores con el del presidente de la República, lo que complejiza las relaciones institucionales de los niveles local y nacional. En estos momentos los gobernantes han perdido gran parte de la interlocución que construyeron durante estos dos años largos de mandato, y, como locos, andan tratando de construir un nuevo dialogo con quiénes hoy regentan el poder central.  

Evaluar la posibilidad de que los mandatarios regionales se elijan el mismo año en que se elige el Congreso y el presidente, no es un tema menor, si bien no es conveniente que esa elección se lleve a cabo el mismo día, sería de la mayor importancia que el período de alcaldes, gobernadores y presidente iniciara en las mismas fechas. Este cambio trae consigo varios beneficios: En primer lugar, ataca la participación en política y la utilización de los bienes públicos al servicio de las campañas, por tratarse de unas elecciones generales. En segundo término, se evita la práctica de quiénes renuncian a sus cargos recién electos con miras a elegirse en el ejecutivo, y, por último, reduce en gran medida los costos que supone hacer elecciones en Colombia.

Hace unos pocos meses se posesionó el actual Gobierno y ya la Registraduría publicó el calendario electoral para el año 2023. Los ciudadanos sienten que en nuestro país hay elecciones en todo momento y ello explica, de alguna manera, la molestia e incomodidad con los políticos, puesto que en varias regiones ya se está hablando de los futuros candidatos y hasta campañas de expectativa se ven circulando por diferentes ciudades.

Concentrar todas las elecciones en un mismo año permitiría a los dirigentes ocuparse en sus tareas administrativas y legislativas, y los ciudadanos descansarían cuatro años de desgastantes campañas políticas que, sin duda, son fuente de la marcada división y polarización que existe hoy en día.

Con ocasión del proyecto de Reforma Política que cursa en el Congreso, es buena oportunidad para abrir el debate sobre la oportunidad de llevar a cabo todas las elecciones en una misma vigencia, lo que implicaría elegir los próximos alcaldes y gobernadores por un período menor, para así ajustarlo con el del presidente de la República. Eso sí, para nada, pensar en ampliar el período de los actuales puesto que, a mi modo de ver, esa decisión tendría serios vicios de inconstitucionalidad.