Una enorme expectativa generó en 2016 la entrada en funcionamiento de la Alianza del Pacífico. En sus miembros, que apostaron entonces por profundizar y dinamizar su integración económica y comercial, aprovechando un acervo preexistente, pero, sobre todo, fijándose objetivos aún más ambiciosos en materia de libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas, así como de cooperación transversal y de proyección hacia Asia-Pacífico.
Expectativa también, y de forma acelerada y creciente, en quienes se han ido convirtiendo en Estados observadores y asociados, y en los que han expresado su interés en sumarse plenamente a esta plataforma. Difícilmente se encontrará un caso comparable en la historia, tan accidentada, de los procesos de integración en América Latina.
Hoy, sin embargo, la Alianza está descoyuntada: desencajada, desarticulada, y sometida a las pesadeces de algunos de sus miembros. Formalmente acéfala, secuestrada ilegal y abusivamente por México, operando por inercia (pero, por todo lo demás, paralizada), sustituido el pragmatismo que la había presidido hasta ahora por una politización oportunista que no sirve sino al interés y el capricho de un par de gobiernos.
En esta (des)coyuntura, un grupo de profesores de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales de los países miembros de la Alianza del Pacífico -incluyendo al autor de esta columna- hicieron pública, días atrás, la siguiente declaración:
1. Manifestamos nuestra preocupación y rechazo por la negativa del gobierno de México de transferir la presidencia pro tempore al gobierno de Perú;
2. Según lo establecido en el art. 7 del tratado constitutivo de la AP, “la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico será ejercida sucesivamente por cada una de las Partes, en orden alfabético, por periodos anuales iniciados en enero”. El gobierno mexicano se ha negado a cumplir con dicha obligación internacional;
3. La AP está integrada por Chile, Colombia, México y Perú. El 5 de marzo de 2012 comenzaron las presidencias rotativas con Chile. Ha habido 10 presidencias pro tempore desde la entrada en vigencia del tratado. Las obligaciones internacionales deben cumplirse;
4. La AP constituye un espacio que, pese a sus dificultades, ha ido cumpliendo sus objetivos establecidos en su creación. Ante el actual escenario internacional, creemos que deben reforzarse los pocos espacios reales de diálogo y trabajo conjunto entre Estados latinoamericanos y no debilitarlos cuando más se necesita unidad en un mundo tan convulso y con necesidades tan acuciantes para nuestros países;
5. Instamos a las autoridades de los países miembros, así como a la sociedad civil, a hacer todo lo necesario para revertir esta anómala situación que viola el Derecho Internacional.
Es mucho lo que está en juego: no sólo la promesa y la realidad que han venido concretándose en la Alianza de Pacífico desde su establecimiento -lo cual por sí solo es bastante-, sino el clima más general de las relaciones bilaterales y regionales, la legalidad internacional, la credibilidad del mecanismo y de sus miembros frente a terceros, y la funcionalidad de lo que hasta ahora había sido un ejemplo exitoso de multilateralismo en América Latina -ese multilateralismo que, paradójicamente, tanto dicen defender los saboteadores de turno-.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales