La ciudadanía lleva las peores cargas en medio de corrupción y abandono en regiones apartadas. Se atiende con calmantes ligeros, luego se olvidan y así quedan.

El secuestro y liberación de 8 personas, entre campesinos y mineros, confirma la presión del Eln, alrededor del dinero, el verdadero fuego de guerra mezclada en el Pacífico.    

Hace décadas, Chocó reclama contra el incremento de minería ilegal, tráfico de contrabando, comercio de drogas y bandas armadas de toda tendencia. 

Las visitas de Gobierno Nacional oyen reclamos por un lado y, por el otro, se van. Es lo contrario del mensaje oficial: “Todo por un nuevo país”. Si la televisión oficial lo sigue repitiendo, se convierte en chiste.

La violencia redujo cultivadores del agro legal y pescadores, que han hecho vida en las márgenes de ríos. Solo una mano activa revivirá el hacer país y no desierto.

Un recuento con videos del Pacífico confirma que el presente es el pasado en Chocó, tanto como la zozobra que vive Tumaco-Nariño y el olvido oriental de Arauca y Guaviare, con Amazonas en el sur. Nadie sabe qué pasa por allá. 

Son departamentos creados por interés político en el siglo XX, con apetito por regalías y contratos. Así se formaron otros. 

Aunque tarde, la Corte Constitucional reclama al Gobierno Nacional frenar minería ilegal, llama ardiente de delincuencia y guerra, de quienes subsisten en Chocó sin trabajo.

Oro, platino, deforestación, comercio de armas y mercancías de contrabando, se movilizan por sus ríos, como una red en crecimiento.

Menores de edad son utilizados en oficios denigrantes con mando de capos de banda armada y narcotráfico para consumo interno y exportación de droga.

Lanchas por el Atrato y, luego con camuflaje en tierra, llegan a costa del Pacífico para enviar droga con veteranos transportadores, que recorren desde Ecuador hacia a Panamá y Centroamérica.

Ordena la Corte, descontaminar el Atrato, su cuenca y sus afluentes y exige regulación estatal para el comercio de oro en sitios de extracción y negociación.  

La Corte justifica el proyecto para hacer regiones autónomas, al reclamar un organismo especializado para protección ambiental y reforestación en la región. 

Válida la ocupación militar, tanto como la solicitada estrategia de protección humana con inversión social y laboral, además de vías hacia el interior del país. 

De no acatarse los plazos fijados por la Corte, el Estado intervendría con rigor, como faculta la Constitución para restablecer un territorio de Nación.

Por esto, espalda y extremos del país, son bomba social, con peligro de estallido.