A la hora que se escribe esta columna aún se está a la espera de los resultados oficiales de la elección presidencial en la República Bolivariana de Venezuela, mientras comandos motorizados amedrentan a quienes permanecen en los puestos electorales exigiendo el respeto de los resultados. El nivel de participación conocido hasta ahora es sustancialmente distinto al de elecciones anteriores; dato objetivo a tener en cuenta.
La demora en la entrega de resultados, las informaciones que llegan por las redes sociales sobre las encuestas a boca de urna publicadas en el extranjero, así como las declaraciones de Edmundo González y María Corina Machado que piden cuidar cada voto y exigir la impresión de las actas electorales en cada puesto de votación, permiten suponer que el resultado ha sido claramente favorable a la oposición, como lo anticipaban la inmensa mayoría de las encuestas y el ambiente preelectoral. Pero en esto último nunca ha estado el nudo de la cuestión. Como lo señaló la vicepresidenta de los Estados Unidos, en una primera declaración apenas cerrados los centros de votación, la clave se encuentra en el respeto de la voluntad del pueblo venezolano.
Al respecto no son alentadoras las noticias sobre “la toma de decisiones democráticas” por el régimen venezolano y en particular por el Consejo Nacional Electoral, que durante todo este proceso pareciera haber entendido su función, no como árbitro imparcial de la elección, sino como agente del gobierno. Resulta así difícil de entender a título de ejemplo, que los coordinadores electorales del candidato opositor no hayan podido ingresar a dicho Consejo y se les hayan indicado ¡que esperaran el anuncio de los resultados por la televisión!, que su presidente diera inicio a la jornada electoral con una acusación al candidato opositor de desconocer la Constitución por no confiar en las formidables garantías del que, para algunos, es el “mejor sistema electoral” de la región. Ese que impidió inscribirse a la inobjetable ganadora de las elecciones primarias de la oposición; que determinó que solo un pequeño número de venezolanos residentes en el exterior, de los muchos errantes por el mundo a causa de la debacle económica y social provocada por el chavismo, fueran habilitados para votar; que no ha considerado importante referirse a las intimidaciones y medidas arbitrarias contra empresarios o comerciantes que apoyaban el candidato opositor, o que el presidente candidato amenazara reiteradamente a los electores con un “baño de sangre” si la oposición lograba triunfar, o que otro líder del régimen dijera anticipadamente a las votaciones ante delegaciones internacionales afectas al régimen, que la oposición “más nunca” gobernaría Venezuela.
El presidente del Consejo Electoral consideró eso sí importante invocar la soberanía interna como justificación para impedir la entrada de personalidades internacionales invitados por la oposición, desconociendo el punto 4 del acuerdo de Barbados, que garantizaba a ambas partes el derecho a invitar a acompañantes internacionales, y no solo a los avalados por uno de los participantes en el certamen dispuestos a escuchar sin pestañear frases como “aquí las elecciones las hace el Consejo Nacional Electoral y quien da los resultados es el Consejo Nacional electoral”.
Escuchar a líderes colombianos alabar el sistema electoral venezolano, y particularmente en algunos casos repetir con aplicado acento el discurso oficial del régimen chavista y su propaganda sobre la confiabilidad del mismo, solo puede generar inquietudes sobre cuál es el entendimiento que ellos tienen del estándar de garantías democráticas que conciben para Colombia.
Adenda. La victoria de Edmundo González es inocultable. La pantomima del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, leyendo resultados que no corresponden a la realidad, solo resulta creíble para quienes quieran hacerse cómplices de la dictadura.
@wzcsg