Enmarcados
Guiados por una especie de instinto necrófilo, algunos sectores se desgarran pidiendo diálogo y solución negociada del conflicto cada vez que las Farc ejecutan una matanza.
Honran con ello al criminal que, lejos de percibir como reprochable su conducta, se solaza al constatar que el terrorismo reporta réditos políticos al perpetrador, y que a mayor sevicia más fuerte es el llamado a “negociaciones de paz”.
Dirigentes, embargados por pragmática hipocresía, entienden cada masacre de las Farc como una “coyuntura negativa” que les impide darles curso a iniciativas parlamentarias como aquella destinada a ofrecerles a los criminales un “marco legal de paz” que, gratuitamente, les hubiese permitido a los cabecillas del Secretariado conservar intactos sus derechos políticos siguiendo a pie juntillas la tendencia histórica de este país, según la cual el terrorista de hoy está destinado a ser el cónsul, el alcalde o el ministro del mañana.
Sobrecogidos por una especie de culpa burguesa que identifica a la pobreza -fomentada por ellos mismos- como una causa objetiva de la subversión, tales burócratas buscan la tranquilidad de conciencia ofreciéndole al terrorista perdón y privilegios, o sea una “desmovilización digna”.
Entre una postura y la otra se mueven los propios guerrilleros que, sin caer en la tentación de semejante desmovilización (simple entreguismo, dirían ellos), ven en los tremores de la dirigencia la posibilidad de explotar estratégicamente la coyuntura para legitimarse como interlocutores políticos.
Pero, sometidos como están a la intensa persecución militar, tropiezan, se confunden y tardan en dar los pasos para conducir al Gobierno Nacional al diálogo-trampa, ese mismo que -según el libreto conocido desde marzo- debería comenzar con la liberación unilateral de los secuestrados (por razones políticas) y la renuncia (simbólica) al narcotráfico, para terminar en una flamante Asamblea Nacional Constituyente.
Con lo cual, a todos los anteriores, en conjunto, no les ha quedado más remedio que aceptar la realidad, y -paradójicamente, claro, porque en el fondo es más lo que les identifica que lo que les separa-, se han visto obligados a archivar la propuesta de reforma constitucional que les hubiera otorgado a los cuasi-asilados en Venezuela un trato palaciego, venias y hasta honores militares en el momento de ser incorporados a las filas de la Fuerza Pública.
Pero esto es sólo de momento; tan pronto como se haya diluido el dolor nacional por la pérdida de nuestros hombres en la jungla a manos de las Farc, veremos a más de un ministro y a uno que otro parlamentario volviendo a sacar del cubilete un “marco legal de paz” destinado a honrar la memoria de ‘Cano’, ‘Marulanda’, ‘Reyes’ y ‘Jojoy’.