Amortiguador

Hace pocos días, el presidente Santos se fue al archipiélago de San Andrés con la cúpula del Gobierno “a ejercer soberanía”.

En el islote Bolívar hizo un derroche de retórica patriótica y aseguró que “estas islas son colombianas, han sido colombianas y seguirán siendo colombianas”.

Pero, lejos de generar optimismo, esta visita podría interpretarse como una especie de despedida, de funeral diplomático.

En efecto, lo más probable es que a estas alturas los jueces de La Haya ya tengan claro lo que piensan fallar en materia de delimitación de espacios oceánicos y que en cuestión de semanas conozcamos sus decisiones.

Decisiones que, a juicio de nuestra Canciller, y sin el menor rubor, serán “salomónicas”, es decir, perjudicarán sensiblemente la estructura territorial del Estado pero tendremos que aceptarlo sin remedio.

En ese sentido se quiere que el ciudadano piense que gracias al desfile del 20 de julio San Andrés, Providencia y Santa Catalina se salvaron de la catástrofe como si la propia Corte no hubiese reconocido ya, hace varios meses, nuestra soberanía sobre tales formaciones.

Dicho en otros términos, muchos colombianos desconocen que San Andrés no se halla sometida a juicio alguno y, valiéndose de ese desconocimiento, el Gobierno quiere amortiguar el golpe que sufriremos sobre los islotes restantes y las aguas, creando, para tal efecto, un clima de opinión basado en el típico argumento con el que se ha ido resquebrajando la soberanía a lo largo de la historia: “¡pudo ser peor!”.

De hecho es probable que en el próximo remezón ministerial la Canciller anuncie que le esperan mejores destinos en otras latitudes y que nadie en el Gobierno quiera precisar por qué Colombia se vio obligada a aceptar la competencia de la Corte en este caso y por qué no se actuó oportunamente, hace varios años, para denunciar el Pacto de Bogotá.

En resumen, cuando la Corte anuncie prontamente que buena parte de nuestras aguas y cayos ahora serán nicaragüenses, nadie tendrá por qué pedir cuentas, como tampoco tendrán que pedirlas cuando Nicaragua resuelva emprender de nuevo, en otras instancias, sus reclamaciones sobre San Andrés, obteniendo, con toda seguridad, el apoyo solidario del Eje La Habana - Caracas - Quito.

Y así, mientras el Alto Gobierno seguirá amparándose en el rey Salomón, los sandinistas ya habrán empezado a construir el canal interoceánico que acaban de aprobar en el Congreso, que les costará 30 mil millones de dólares y que seguramente contará con la ayuda incondicional de Rusia, Irán y Venezuela.