VICENTE TORRIJOS R. | El Nuevo Siglo
Martes, 31 de Julio de 2012

108 por ciento

 

Durante  los últimos cuatro años los cultivos de hoja de coca fueron reduciéndose.

Incluso se vivió un momento en que la onda erradicadora hizo que el Perú tuviese más hectáreas sembradas que Colombia.

Pero de un momento a otro la esperanzadora tendencia cambió.

El reciente estudio de la Oficina de la ONU contra la Droga muestra que en el último año el área cultivada pasó a ser de 64 mil hectáreas, o sea, un tres por ciento más que en 2010.

“Tres por ciento es muy poco”, diría un optimista. “Más aún si se aprecia que la producción final de toneladas de cocaína se redujo un uno por ciento”, agregaría.

Pero semejante argumento no es más que una falacia.

Lo único cierto es que la política de erradicación se está relajando alegremente, que se rompió la tendencia a la baja y que estamos inaugurando un nuevo ciclo expansivo.

De hecho, con la complaciente posición gubernamental sobre legalización de las drogas y con iniciativas congresionales como la de legalizar los cultivos ilícitos (para convertir a las Farc y las Bacrim en amos del emporio), no podía esperarse un resultado diferente.

Resultado que el Jefe de Estado tendrá que asumir tarde o temprano como propio pues no hay cultivo que prolifere más que el de la coca cuando hay dubitación, señales de complacencia y manifiesta elasticidad presidencial.

Para no ir muy lejos, el incremento nacional del 4 por ciento del área cultivada contrasta sensiblemente con el aumento de ¡108 por ciento! en Putumayo y la preocupante escalada en Cauca y en Nariño.

Se aduce, para minimizar el asunto, que las áreas fronterizas no pueden fumigarse, que tampoco es fácil enfrentar el problema en los parques nacionales y que los territorios indígenas están protegidos por la consabida autonomía.

Pero, mírese como se mire, esto es una auténtica escalada. Y lo peor es que coincide perfectamente con el mayor esfuerzo de las Farc por consolidar sus posiciones en esos departamentos elevando la dosis de terrorismo y sabotaje para que tarde o temprano la población desesperada apure al Presidente y él termine sacando del bolsillo la “llave de las negociaciones de paz”.

En resumen, se fortalece el crimen, la población se desconcierta ante la permisividad generalizada y los adversarios de la democracia se solazan burlando a una autoridad que en la práctica no existe.