“Respeto por población civil es el camino”

UN PLAZO

La tregua y el D.I.H.

EL  presidente Santos le informó al país que las Farc se comprometieron a decretar una tegua unilateral a partir del próximo 20 de julio, durante 4 meses.  Y el Gobierno, por su parte, a ir desescalando las acciones militares, si la guerrilla cumple. En el entretanto el Presidente evaluará si continúa o no con el proceso de paz.

Por lo que se puede apreciar, se trata de un plazo para establecer si las Farc tienen voluntad de cumplir con la tregua unilateral que se anuncia y, en ese lapso, acelerar las conversaciones de paz. Quiere ello decir que si en noviembre o diciembre próximos el proceso no avanza con suficiencia, se darían por terminados los diálogos de paz.

Con el escepticismo que circunda al proceso de paz, cualquier espontáneo se puede preguntar si las conversaciones debieron comenzar por los puntos esenciales que permitieran establecer si había posibilidad real de llegar a un acuerdo y así evitar caer en “estados dialogantes”, sin final a la vista. A ello se agrega que todavía faltan por acordar aspectos pendientes de cada punto de la agenda, que pueden resultar más complejos de abordar que los ya acordados.

Admitiendo que adelantar un proceso de paz ofrece muchas dificultades, por las diferentes variables involucradas, hay sectores de la vida nacional que se preguntan si el Gobierno tuvo en sus cálculos la habilidosa capacidad negociadora que han demostrado las Farc en los procesos anteriores.  Recordemos que cuando comenzó el actual proceso se dijo que iba a durar nueve meses.  Que tienen perdida la guerra estratégica, dicen otros, y ello los obliga a negociar. La verdad es que la guerra estratégica nunca tuvieron posibilidad de ganarla a pesar del intento de saltar de una “guerra de guerrillas” a una “guerra de posiciones”. Pero, no obstante, la debilidad militar de las Farc, todavía tienen capacidad de generar violencia, de hacer terrorismo, de destruir la infraestructura y de afectar la vida de civiles inocentes.

Por ello, el Gobierno, para desescalar la confrontación, debió buscar un acuerdo previo que sirviera de base para que las Farc se vieran obligadas a acoger las normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario, o impulsar acuerdos especiales, como se hizo en El Salvador y  Guatemala.   Su acatamiento “es un puente ético para quien quiera desde la guerra llegar a la paz” y someterse a las reglas de la civilidad. Su piedra angular es el respeto de la población civil, que es precisamente lo que dolorosamente no ha ocurrido en Colombia.

Lo anterior se explica, probablemente, por el hecho de que el tema del D.I.H., no ha sido de la experticia de ningún miembro del equipo negociador.

El respeto por la población civil es el camino, según la experiencia centroamericana, que puede conducir a la necesidad de desescalar la confrontación armada.

En este proceso, curiosamente, no se oye hablar de D.I.H., que debe ser la brújula de un eventual acuerdo. Por lo pronto, estaremos atentos a lo que pueda suceder con la tregua a partir del 20 de julio. Esperamos se cumpla.