COMO UNA reforma que va en contravía de la situación económica del país, que va a perjudicar más a los ahorradores con más impuestos y que no va a generar empleo, calificaron gremios, analistas y parlamentarios el proyecto de Ley de Financiamiento radicado en el Congreso.

La presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, sostuvo a este Diario que “la reforma tributaria presentada por el Gobierno en el día de hoy puede generar mayores cargas tributarias sin resolver el problema estructural del crecimiento económico. La reducción del impuesto a las empresas no se verá en el corto plazo, por lo que su impacto real en el crecimiento económico del país no es sustancial, mientras se carga aún más a la población con nuevos impuestos. Adicionalmente, se fijan impuestos que afectan los ahorros y patrimonios no salariales”.

Sostiene Lacouture que “el nuevo impuesto al patrimonio desincentiva el ahorro y las inversiones de los colombianos que han diversificado sus ingresos a través de mecanismos de renta, acciones e inversiones. Es importante encontrar un equilibrio entre la recaudación y la creación de un ambiente propicio para el desarrollo económico, sin ahogar a los sectores productivos y a los ahorradores, en lugar de crear más impuestos”.

Asegura la dirigente gremial que “se sugiere utilizar los recursos que se encuentran inmovilizados en los fideicomisos y reducir los aumentos en gastos de funcionamiento, sin comprometer la inversión en áreas productivas claves para el país”.

¿Para hacer política?

Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que “es inaceptable una reforma tributaria sin ninguna vocación estructural (busca solo gastar más en 2025 y de allí en adelante el recaudo es muchísimo menor y casi el 90% menos). Esto genera mucha más desconfianza e incertidumbre en el sector privado porque parece una reforma tributaria hecha para hacer política de exceso de gasto público, un año antes de elecciones (derroche focalizado) y que los colombianos pagaran mayoritariamente en 2026”.

Restrepo sostiene que “además, nos hace retroceder como país porque volvemos al nefasto modelo de renta presuntiva que va en contravía del emprendimiento, al elevar el impuesto mínimo a empresas, creamos más informalidad y elevamos la tributación de mipymes al acabar con el régimen simple, aumenta los impuestos a las empresas y posiblemente la evasión al aumentar el Impuesto de ganancia ocasional, aumenta los impuestos a las empresas al incrementar el impuesto al carbono, eleva los impuestos a gasolina, ACPM y gas. ¿Acaso el propósito no era que estos precios fuesen más bajos? Retrocede en la transición energética al aumentar el IVA a híbridos”.

Derroche de gastos

Indica el exministro que como si esto fuera poco, “termina usando la modificación en la regla fiscal como instrumento para seguir en el derroche de gastos de funcionamiento que están creciendo entre el 2023 y el 2025 en 117 billones de pesos (lo equivalente a 8 reformas tributarias) casi al 20% anual. ¡Qué empresa administrada seriamente crece tanto los gastos de funcionamiento en estos años cuando el crecimiento del PIB es cercano al 0%! Viendo esta propuesta, sinceramente aprobarla es una equivocación y la incertidumbre que genera a la inversión privada sería muy costosa a futuro”.

Indica que “sería preferible hacer un ejercicio de austeridad en el gasto en 2025 y siguientes, antes que meterse en este peligroso camino de una reforma que va en contravía de la inversión y el crecimiento. ¡Y como si fuera poco para “derrochar” aún más! ¡Flexibiliza la regla fiscal para supuestos proyectos verdes! Pésimo mensaje a calificadoras de riesgo e inversionistas internacionales”.

En este mismo sentido, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calificó como un golpe bajo a la economía y a los colombianos el anuncio de una nueva reforma tributaria en las actuales circunstancias del país y bajo la presión de un presupuesto desfinanciado por $12 billones cuyo proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, registra un incremento en los gastos de funcionamiento para el 2025, del 6,8% y en contraste un desplome en la inversión cercana al 17%, justo cuando se requiere más formación de capital para dinamizar la golpeada economía.

Golpe al ingreso de los hogares

El vocero de los comerciantes dijo que el país debe evaluar el alcance de una reforma de esta magnitud, en medio de un momento de desaceleración y estancamiento económico. “Este año el ritmo sigue siendo lento, con un 0,7% en el primer trimestre y un 2,1% en el segundo, que no se puede interpretar como un camino de reactivación, pues está mucho más explicado por el incremento de los gastos en burocracia y de la Administración Pública, cuyo crecimiento fue superior al 13%”, explicó.

En este sentido, afirmó que “los colombianos no están preparados para una nueva reforma tributaria. Este Gobierno le ha venido cerrando las ventanas de oportunidad al contribuyente y esto, como lo hemos advertido en los últimos dos años, ha afectado notoriamente el ingreso disponible de los hogares, afectando el consumo, el ahorro y la inversión”.

“Lo reiteramos: otra reforma tributaria es inconveniente, porque tenemos una economía en desaceleración y estancada, que está sufriendo los efectos de las reformas del 2021 y 2022. Hacemos un llamado para que el Congreso de la República tenga en cuenta estas realidades, tome las decisiones a las que haya lugar y no permita semejante agresión a los contribuyentes”.

Presupuesto desfinanciado

También advirtió sobre la inconveniencia de que el Congreso de la República apruebe un presupuesto para el año entrante desfinanciado en $12 billones porque esto le “metería presión” a los congresistas para que aprueben como sea una reforma tributaria. Si el Congreso aprueba el presupuesto, implícitamente estará aprobando un proyecto desfinanciado, lo que no se había visto antes en la historia reciente del país.

“Hay que hacer las cosas al derecho y esto es reducir el presupuesto en $12 billones y dejarlo en $511 billones en equilibrio”, enfatizó.

“Los proyectos del presupuesto desfinanciado y la nueva reforma aumentan la incertidumbre política y el nerviosismo de los mercados. Antes que una nueva reforma tributaria, el Gobierno debe ser serio en el control del desbordado gasto en burocracia y el despilfarro innecesario de recursos, así como y preocuparse por la recuperación de los billones perdidos por la corrupción”, concluyó Cabal Sanclemente.

Oposición de sectores políticos

Distintos sectores políticos se han pronunciado contra la ley de financiamiento. Al respecto, el Partido Conservador señaló que “los colombianos no pueden seguir asumiendo vía impuestos, el hueco fiscal del país. Presentar una reforma tributaria, en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación, no puede ser un mecanismo de presión que condicione la aprobación de un presupuesto desfinanciado como el que plantea el Gobierno nacional”.

A su turno, el senador Jota Pe Hernández de la Alianza Verde manifestó a EL NUEVO SIGLO, que “en el Congreso el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaba radicando la segunda reforma tributaria del Gobierno, y este país estalló por una reforma tributaria. El presidente Petro puede presentar cuantas reformas tributarias se le ocurran, pero sí los congresistas, senadores y representantes dicen ¡no! A los colombianos no les meten más impuestos. Pongan los ojos sobre los congresistas, pongan los ojos sobre los senadores, sobre los representantes a la Cámara que son los que terminan apoyando estas reformas tributarias. El Gobierno viene con el cuento que esto es para los más ricos del país, porque ese ha sido el argumento desde el principio, pero van contra los más necesitados”.

De igual manera, el senador de Cambio Radical, David Luna explicó a este Diario que “aquí está la prueba de que la reforma tributaria está diseñada exclusivamente para que el Gobierno Petro financie su campaña de reelección con nuestros impuestos. Miren la cifra de recaudo para cada año: se concentra en 2025 con $11,8 billones; $2,8 billones para 2026; $1,14 billones para 2027; $1,16 billones para 2028; $0,9 billones para 2029; y $550.000 millones para 2030”.

A su turno, la representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, explicó que “la denuncia que ha hecho la senadora Angélica Lozano es de la mayor gravedad. Ya no solo este es el gobierno con la peor ejecución en una década, sino que están guardando la plata en fiducias sin ejecutar desde el año pasado. Es absolutamente impresentable que pretendan cargarle a la ciudadanía una nueva reforma tributaria, producto de su ineficiencia y de su corrupción. Me opondré desde la Cámara de Representantes. Estamos ante un capricho inconveniente del presidente. Un total abuso”.