Superado, y no del todo, el gravísimo desencuentro con los Estados Unidos a los seis días de iniciado el gobierno del presidente Trump y a una hora inusitada en lo que ha sido la historia de nuestras relaciones internacionales, conviene hacer algunas preguntas con respecto al papel del Derecho.

El artículo pertinente de la Constitución, 189, dice: "Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa (...) Inciso 2, dirigir las relaciones internacionales" y en el inciso 6: "proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la nación y la inviolabilidad del territorio(...)". En el inciso 7: "permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República".

Se dice en los medios que el presidente revocó una autorización que había otorgado para el aterrizaje de dos aviones militares provenientes de los Estados Unidos, que traían migrantes colombianos deportados.

El primer interrogante que hay que formular es ¿quién otorgó esa autorización y con el cumplimiento de qué requisitos? Entendidos en la materia me dicen que esa es una tarea de la Aerocivil y que existen protocolos al respecto. No conozco cuál fue el tipo de autorización que se otorgó, quien la suscribió y cómo se obtuvo, tampoco si era necesario el consentimiento del presidente. Y también es válido preguntar si el presidente podía, por sí solo, desconocer esa autorización sin tomar en consideración requisitos que al parecer se requerirían en esta materia.

Es que no sobra, como quedó demostrado, y de qué manera, tener claridad sobre qué papel juega el Derecho en una situación de esta naturaleza. Los requisitos legales pueden mirarse como una molestia que dificulta la toma de decisiones, pero vivimos en un Estado social de Derecho que cuenta con una Constitución, leyes y reglamentos que se deben respetar porque es lo que garantiza que haya un ordenamiento que asegura la convivencia nacional e internacional. Desconocer el marco jurídico es aproximarse a la ley de la selva, la del más fuerte.

Vale la pena establecer si otras instituciones tenían algo que decir con respecto a la aprobación de estos vuelos, a las revocatoria de las correspondientes autorizaciones, o si eso era simplemente una facultad del presidente como director de las relaciones internacionales. No parece así. Porque el propio artículo de la Constitución establece unos procedimientos. Habría que preguntarse si un organismo como el Consejo de Estado tendría algún papel en este procedimiento.

De la misma manera podríamos formular preguntas sobre el tema de los aranceles. Podía el Presidente de la República anunciar el alza del 25% de los mismos y que seguramente habría tenido que llevar al 50% ,en reciprocidad por las decisiones que anunciaba el presidente Trump, como una facultad que cabía en su capacidad constitucional como director de la relaciones internacionales, o había también, procedimientos que cumplir como quiera que existe un Tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y Colombia en el cual, no me cabe duda, este tema tenía que estar regulado porque, de otra manera, un tratado negociado con tantos esfuerzos y dificultades no podía borrarse con un simple trino, porque toda la seguridad jurídica de importadores y exportadores quedaba sin ninguna protección.

Si el presidente Trump tiene estas facultades y puede ejercerlas en forma expedita y sin controles es otro tema, que no estoy en capacidad de analizar en este momento.

El Derecho es lo que protege una sociedad de la arbitrariedad.