Colombia pidió a España la devolución del Tesoro Quimbaya, una colección con cientos de piezas de oro precolombino, con la que obsequió a la corona española a finales del siglo XIX, informó este miércoles el gobierno.
Solicitamos "el retorno de los bienes de interés cultural asociados a dicha colección que en la actualidad se encuentra en el Museo de América de Madrid", se lee en una carta de los ministros de Culturas y Relaciones Exteriores de Colombia a sus homólogos españoles, filtrada por la prensa local.
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El pedido "se enmarca dentro de (...) las políticas de descolonización de los museos" y busca "reivindicar la soberanía nacional", agrega la misiva, fechada el 9 de mayo y cuya autenticidad fue confirmada a la AFP por un portavoz del ministerio de las Culturas de Colombia.
El Tesoro Quimbaya está compuesto por 122 objetos, en su mayoría de oro, elaborados por un pueblo indígena homónimo que habitaba en el oeste de Colombia. Un cazatesoros lo vendió en 1891 al gobierno colombiano, que dos años después lo regaló a la corona española, según un fallo de la Corte Constitucional colombiana, que en 2017 ordenó al ejecutivo "repatriar" las piezas.
Es "la colección más completa y rica en objetos de oro que habrá en América, muestra del mayor grado de adelanto de los primitivos moradores de nuestra patria", dijo en 1892 el entonces presidente de Colombia, Carlos Holguín, quien cedió las piezas a Madrid en "agradecimiento" por la mediación de España en una disputa limítrofe con Venezuela.
España defiende su "titularidad" sobre el Tesoro.
Ambos países también se disputan el Galeón San José, una embarcación española cargada con valiosas piezas precolombinas que naufragó en 1708 en aguas que hoy corresponden a Colombia, donde aún permanece.
Tras llegar al poder en 2022, el presidente colombiano Gustavo Petro ha gestionado la devolución de cientos de piezas indígenas que se encontraban en Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, España, Alemania y México, entre otros países.
La mayoría fueron sacadas de Colombia cuando en el mundo no existía claridad legal sobre el tráfico de bienes arqueológicos.
Desde 1997 la ley colombiana reconoce al Estado como propietario legítimo del patrimonio arqueológico nacional.