DE CONCRETARSE la propuesta del presidente Gustavo Petro de modificar el sistema con el que se establecen las vigencias futuras, cerca de 57 proyectos de infraestructura quedarían en riesgo, entre los que se encuentra el Metro de Bogotá y el Túnel del Toyo, en Antioquia.

Sobre esta obra, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió que existe el riesgo de que el túnel se convierta en un ‘elefante blanco’. El mandatario aseguró que la Nación no ha garantizado recursos por $600.000 millones y que, sin esa plata, no podría terminarse la obra que está en un avance por encima del 90%.

“Si la Nación no concurre con sus aportes, esta obra pasará a ser el elefante blanco más vergonzoso de nuestra historia. Entre Medellín y Antioquia ya entregamos dos terceras partes de los recursos. Las obras de la región ya superan el 90%, pero las de la nación están en un 64%”, apuntó Rendón.

Entre otros proyectos que se afectarían estarían la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vía Popayán-Isnos (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira, entre otros.

Incluso, de concretarse la decisión de Petro, pondría en jaque la marcha del programa del Gobierno nacional, denominado ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’, durante el 2024.

Peor el remedio

Sobre esta situación, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (/CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, reaccionó y puso en su cuenta de X, que “el presidente Petro acaba de sugerir que las vigencias futuras se deben “reformar en su totalidad” para destinarlas a proyectos de agua potable y saneamiento básico, así como para la construcción de PTAR’s. De igual manera, dice que, para tal fin, las 4G y los túneles, por su parte, deben quedar en la puerta de atrás. Vale recordar que la ejecución de acueductos y PTAR’s es una tarea que recae sobre los hombros del ministerio de Vivienda, curiosamente una entidad cuyos índices de ejecución presupuestal no han sido los más alentadores”.

Sostiene Caicedo que “las cifras son demoledoras: en 2023 esa cartera ejecutó un lánguido 8,6% de su presupuesto de inversión. Pero más preocupante el hecho de que el programa del ya referido Minvivienda, encargado del acceso a servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional, haya ejecutado tan solo un 1,2% de su presupuesto en la vigencia 2023. Así, no resulta conveniente pasar por alto el hecho comprobable de que las 4G han venido mostrando frutos constantes en materia de empleo, desarrollo, competitividad y reactivación económica y cuyo presupuesto asignado fue ejecutado en un 100%”.

Agrega que “vale recordar, además, que el Estado no tiene ni la capacidad financiera ni mucho menos la capacidad de ejecución, como para subvalorar de la noche a la mañana, un mecanismo que, como el de las concesiones, justamente ayuda a suplir esas dos falencias. ¿No resultaría entonces aún más eficiente que una entidad como el Departamento de Prosperidad Social, DPS, invirtiera, por ejemplo, parte de los $10 billones asignados este 2024 en programas de agua potable y saneamiento básico? De cara a este panorama surge también otro interrogante: ¿espera el gobierno licitar 30 billones de pesos en ferrocarriles, si de entrada está advirtiendo que va a irrespetar los contratos? ¡vaya contradicción! Parece que el remedio puede resultar peor que la enfermedad”.

Compromisos

Por su parte, el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo a los medios que es necesario que el país cumpla con los compromisos y obligaciones que se han pactado en el pasado con empresas para la construcción de obras.

Además, explicó que el Gobierno debe asumir con responsabilidad las deudas que se han adquirido. “El anuncio es muy delicado. Las vigencias futuras son el compromiso del Gobierno de pagar en varios años las obras que se contrataron. Es decir, nosotros adquirimos una deuda y lo que está diciendo el Gobierno es que no la va a pagar y que va a retrasar los pagos. Eso es lo mismo que no pagar la deuda”, sostuvo.

Para Londoño es también preocupante la imagen que daría el país ante proyectos de este tipo por la que sería una falta de compromiso. “Además, con esto se ponen en riesgo todas las obras de infraestructura que ya están contratadas y, adicionalmente, pone en riesgo la credibilidad del país. Yo creo que el presidente está haciendo un anuncio irresponsable”, manifestó.