El primer Informe Nacional del Empleo Inclusivo (Inei), elaborado por la Fundación Corona, la Fundación Andi y el Programa de Alianzas para la Reconciliación de Usaid, deja al descubierto las falencias en el país para mejorar el mercado laboral

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El menor acceso a la educación, su baja calidad en formación e intermediación, son los principales inconvenientes para que los colombianos logren una mejor ocupación en su vida laboral. Esta situación, principalmente la viven los jóvenes, las personas discapacitadas, las mujeres, las víctimas del conflicto y las poblaciones étnicas.

Así se desprende del primer Informe Nacional del Empleo Inclusivo (Inei) 2028-2029, desarrollado por la Fundación Corona, la Fundación Andi y el Programa de Alianzas para la Reconciliación de Usaid.

En cuanto a los jóvenes, resulta especialmente preocupantes las cifras de quienes no estudian ni trabajan – NINIs, no solo por su magnitud sino también por su reciente incremento. La cantidad y proporción de NINIs descendió de manera sostenida al menos desde 2010, llegando en 2015 a 2.528.540 jóvenes (19,9%). Sin embargo, a partir de ahí han subido, llegando en 2018 a 2.742.258 jóvenes (21,7%).

Estas cifras reiteran a su vez la apremiante necesidad de trabajar por mitigar las altas tasas de deserción -como se presenta adelante-, tanto para educación como para formación, y de desarrollar de manera complementaria acciones dirigidas al reenganche de jóvenes a trayectorias de educación hacia el empleo.

En complemento, se deben mitigar las barreras generadas desde el propio mercado laboral, que condicionan la llegada de jóvenes que aun con buenos procesos formativos, no cuentan con experiencia laboral. La primera tarea aquí es la de fortalecer las áreas de talento humano de las empresas para que estas cuenten con procesos de talento humano centrados en competencias. Las cifras reiteran también la necesidad de brindar alternativas reales que permitan en la práctica que los jóvenes, en especial aquellos de los quintiles más bajos de ingresos, puedan estudiar y trabajar (o al menos acceder a otras fuentes de ingresos) de manera simultánea.

De acuerdo con el reporte, los servicios de educación, formación e intermediación a los que accede la población, son de menor calidad, y menor pertinencia. Vale la pena apuntar que las condiciones de calidad y pertinencia de la oferta formativa presentan debilidades significativas para el grueso de la población.

Por ejemplo, del total de instituciones que oferta educación superior, solo el 21,8% cuenta con acreditación de calidad. En un territorio como Urabá con una fuerte participación de población afrodescendiente y población víctima, ninguna de las 18 instituciones de educación superior tiene acreditación de calidad en el territorio. Lo anterior genera menores niveles de competencias, que se reflejan a su vez en menores resultados en pruebas Saber 11, Saber Pro y Saber TyT.

Las competencias

Los menores niveles de competencias están acompañados de menores niveles de información, por ejemplo, respecto a la oferta formativa después del colegio, a los servicios de intermediación para acceder a vacantes activas, o al funcionamiento del mercado laboral.

Un ejemplo en las diferencias en los niveles en competencias se refleja en la diferencia de puntaje alcanzado por hombres y mujeres en las pruebas Saber 11 o en las pruebas PISA. En estas últimas, la brecha a favor de los hombres en los puntajes de matemática y ciencia fue de 11, 14 y 15 puntos en Bogotá, Manizales y Medellín respectivamente. En Cali, esta brecha llegó a 19 puntos, lo que equivale a más de medio año de escolaridad.

Como consecuencia, las personas participan en menor medida del mercado laboral. Ejemplo de esto son las menores tasas de participación, ocupación, y empleo. En complemento, la calidad del empleo y los niveles de ingresos son menores.

Las mujeres

Este panorama general pone en evidencia que las poblaciones abordadas efectivamente enfrentan mayores barreras en sus trayectorias hacia el empleo. Si bien los puntos enunciados son comunes, es claro que para las mujeres las barreras se multiplican cuando se trata de mujeres dentro de cualquiera de los demás grupos poblacionales.

También es evidente que el país cuenta solamente con información específica de mujeres y jóvenes en los territorios, y que para las demás poblaciones existe un vacío importante que no permite ver, por ejemplo, los indicadores cuando se presenta doble vulnerabilidad. En este sentido, es clave la coyuntura actual de fortalecimiento de la Gran Encuesta de Hogares del DANE. Es una necesidad apremiante que la encuesta se transforme en un mecanismo adecuado para capturar las particularidades poblacionales y lo que ocurre con ellas en el país.

Puntualmente para el caso de las mujeres, el país ha avanzado enormemente en proveer las condiciones para su acceso a distintos servicios. Sin embargo, los logros están aún condicionados por barreras que disminuyen su probabilidad de tránsito de la escuela hasta el empleo, además de las condiciones inequitativas en que las mujeres están vinculadas en el mercado laboral.

Las cifras son contundentes en evidenciar las diferencias entre hombres y mujeres respecto al acceso a ocupaciones de mayor remuneración, ingresos por labores equivalentes, o acceso a posiciones directivas.

Otras poblaciones

En cuanto a población étnica, una de sus principales características no solo en el país sino en general en América Latina es que, a pesar de los avances, todavía se ven afectados en gran medida por la exclusión económica y social (Banco Mundial, 2015). Estos grupos presentan amplias brechas sociales en relación con la población sin pertenencia étnica, por ejemplo, en términos de pobreza multidimensional los grupos afrodescendientes, raizales y palenqueros tienen niveles 1,5 veces mayores que el total nacional, mientras que, para los indígenas, los niveles son 2,5 veces mayores. Las cifras reflejan, además, que el acceso a la educación y formación es menor en los territorios con mayor presencia de grupos étnicos. De la misma manera, el acceso a los servicios de intermediación y a empleos formales es proporcionalmente más bajos.

Así las cosas, un factor clave para romper la exclusión que hoy enfrentan los grupos étnicos es lograr resultados simultáneos en la ampliación del acceso a buenos servicios educativos, formativos y de intermediación. En la medida que la población logre acceder a más y mejores empleos, esto permitirá progresivamente que sus hogares cuenten con mayores recursos para invertir justamente en el acceso a estos mismos servicios para sus familias.

Las víctimas

Otro es el caso de población víctima. Colombia ha vivido por más de 50 años un conflicto armado que ha azotado gran parte del territorio nacional. Este conflicto ha dejado a su paso millones de víctimas que, en su gran mayoría, han tenido que abandonar sus territorios para rehacer sus vidas en otros lugares, principalmente en los grandes centros urbanos del país.

Ante este panorama, las víctimas enfrentan diversas barreras para acceder a un empleo formal, entre las que se destacan la ausencia de certificados y documentación que acrediten sus conocimientos, bajos niveles educativos, desconocimiento del mercado laboral urbano, ausencia de capacitación en oficios ligados al sector urbano, prejuicios por parte de los empleadores, debilidades en competencias blandas, entre otras. Esto situación se agudiza para el caso de la población víctima de desplazamiento, que constituye el 85% del total de población víctima. Todos los datos reiteran que las víctimas enfrentan barreras muy importantes para acceder a servicios de educación, formación, intermediación, y finalmente a un empleo formal.