Se realizó el lanzamiento oficial del acuerdo entre el Banco Mundial por medio de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y el Gobierno nacional para el fortalecimiento de la política de mejora regulatoria en Colombia.

Este acuerdo, apoyado por el gobierno de Suiza a través de su oficina de Cooperación Económica y Desarrollo en Colombia (SECO), tiene como objetivo aunar esfuerzos entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, Invest in Bogota y la IFC para mejorar la transparencia, eficiencia y predictibilidad del entorno regulatorio, mediante la identificación, implementación y fortalecimiento de buenas prácticas.

Esto por medio de dos componentes, el primero tiene como objetivo revisar la implementación del Análisis de Impacto Normativo (AIN), herramienta que viene impulsando el Gobierno Nacional desde 2014 y que se ha fortalecido con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”; y el segundo componente tiene como fin realizar seis revisiones de regulaciones vigentes, para identificar si deben ser modificadas, optimizadas o eliminadas.

Evaluaciones

“Las evaluaciones expost no son una práctica tan difundida en las entidades; es necesario revisar las regulaciones para saber si están funcionando o deben ajustarse. De ahí que con este acuerdo se pretenda generar capacidades en las entidades reguladoras en el uso de distintas metodologías, a fin de que evaluar no sea una práctica excepcional, sino frecuente”, explicó Juan Sebastián Robledo, subdirector general sectorial (E) del DNP.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien lidera la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, mencionó que, “el Gobierno Nacional tiene experiencia en simplificar trámites y normas obsoletas, pero hace falta generar más análisis de impacto de las regulaciones, tanto exante como expost, que sirvan de referencia a la hora de proponer nuevas regulaciones o modificaciones a las existentes”.

Expertos internacionales consideran que el país ya dio un paso importante en el camino de la calidad regulatoria al adoptar el AIN para algunas de las regulaciones que emite el Gobierno nacional, en particular, los reglamentos técnicos.

“Sin embargo, se debe incrementar progresivamente la aplicación a otras regulaciones, para mejorar su calidad y crear un ambiente de negocios que reduzca o elimine restricciones innecesarias a la competencia, la innovación y el desarrollo de la actividad empresarial”, puntualizó Alfredo González Briseño, especialista en mejora regulatoria del Banco Mundial.

El IFC para la Región Andina, en cabeza de su gerente Elizabeth Martínez de Marcano, asegura que la implementación de buenas prácticas regulatorias es crucial para promover la inversión privada, la productividad y el crecimiento sostenible e inclusivo.

Negocios

“Un clima de negocios estable y previsible es clave para incentivar la inversión del sector privado. Compartimos por lo tanto el interés que Colombia implemente buenas políticas públicas en esta área”, afirmó la embajadora de Suiza en Colombia, Yvonne Baumann.

La embajadora Baumann también destacó que Suiza ocupa el primer lugar en el Índice Global de Innovación, en donde se ha mantenido desde 2011 y, en parte, esta posición tan alta en innovación se debe a su ambiente regulatorio. Desde el 1999, el país helvético se orienta a las recomendaciones de la OECD en cuanto análisis de impacto normativo y, a través del programa de clima de negocios de con el IFC, busca apoyar mejores prácticas en Colombia, un importante socio del país en términos de cooperación e inversión extranjera.

Este convenio ayudará a atender los cuellos de botella que se generan desde el punto de vista regulatorio y que afectan el desarrollo y la productividad de sectores estratégicos para el crecimiento económico del país. “Esta alianza va en línea con nuestra tarea de ayudar a la industria a producir más, con mejor calidad y mayor valor agregado, y para lograrlo es necesario tener un entorno regulatorio eficiente y claro”, concluyó Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva.

En el evento, que da inicio a la segunda misión técnica del acuerdo que se llevará a cabo entre el 12 y el 22 de noviembre de 2019 en Bogotá, hicieron presencia también la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el secretario general del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerardo Burgos.

Los funcionarios se comprometieron a participar en las revisiones de dos normativas de sus entidades con el fin de determinar su impacto e identificar si es necesario modificarlas, optimizarlas o eliminarlas. Las evaluaciones duran en promedio seis-ocho meses y en el 2020 se escogerán otras cuatro, dos en el primer semestre y dos en el segundo. El tiempo total del proyecto es hasta diciembre de 2021.