Esta semana la Contraloría calculó en $15,6 billones el saldo que quedó sin ejecutar a diciembre de 2018, lo que representa el 54% de los recursos disponibles para el bienio 2017-2018

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La reforma constitucional al Sistema General de Regalías (SGR), que actualmente se tramita en el Congreso y a la que la restan solo dos debates para su promulgación, tiene dos ejes centrales: establecer una mayor asignación para los municipios y las regiones productoras y modificar la cuestionada figura de los OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión).

Este último aspecto clave para agilizar “el proceso de aprobación de los proyectos de inversión y optimar el rol del Gobierno nacional”, de acuerdo con el texto de la reforma, será estructurado en detalle por una ley reglamentaria que será discutida tras la aprobación de la reforma constitucional.

Como lo informó EL NUEVO SIGLO, esta semana la Contraloría General calculó en $15,6 billones el saldo de recursos del Sistema General de Regalías que quedó sin ejecutar a diciembre de 2018, lo que representa el 54% de los recursos disponibles del SGR para el bienio 2017-2018.

En la discusión de este proyecto, que sería radicado a finales de año, tras la aprobación de la reforma constitucional, el Congreso de la República, según la ponencia, tendrá “la potestad de establecer” cuál es la instancia que va a tomar las decisiones que les corresponden a los OCAD, “en atención a criterios de conveniencia, oportunidad, pertinencia y calidad del gasto, siempre buscando que las decisiones que se adopten sean las más pertinentes frente a las necesidades de las entidades”.

Ley reglamentaria

El Gobierno nacional tendrá un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de promulgación de la reforma constitucional para radicar el proyecto. Hasta tanto se promulgue esta ley, seguirá vigente el régimen de regalías contemplado en los Actos Legislativos 05 de 2011 y 04 de 2017 y las normas que lo desarrollen.

“La ley reglamentará todo lo contenido en este artículo y atenderá el principio de planeación, de manera que los proyectos de inversión guarden concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales. De igual manera, esta ley determinará las condiciones para la priorización de las Inversiones en agua potable y saneamiento básico, infraestructura educativa, generación de empleo formal y demás sectores de inversión. Así mismo, regulará los procesos e instancias de decisión que participarán en la definición de los proyectos de inversión”, señala el proyecto.

$15,6 billones

De acuerdo con la Contraloría, de los $15,6 billones sin ejecutar, un poco más de $9,7 billones quedaron en las cuentas bancarias de las entidades territoriales y $5,9 billones en el Tesoro Nacional, es decir en comparación con años anteriores, aumentaron los saldos en la cuenta del Tesoro Nacional, esto como consecuencia de la modificación en la política de giro establecida a partir del 1 de enero de 2017 a través del Decreto 2190 de 28 de diciembre de 2016, por el cual se decretó el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2017-2018.

La contratación directa representa el 28% y los procesos de concurso (licitaciones y concurso de méritos el 71%. Según un análisis realizado por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de una muestra de contratos por valor de $12,8 billones, el 64,8%, es decir $8,3 billones se realizan con un único oferente.

A diciembre de 2018 había más de mil contratos del Sistema General de Regalías suspendidos, por valor de $1,8 billones. Estos contratos hacen parte de 942 proyectos que ascienden a $2,8 billones, equivalentes al 28% de los proyectos en ejecución.

Esto quiere decir que estos proyectos estarían en riesgo para culminar su ejecución, pues los contratos fueron suspendidos.

La información por departamentos muestra que Norte de Santander, Guaviare, Vichada, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Guainía, Casanare y Arauca presentan la ejecución más alta, con porcentajes entre el 52% y el 62%.

En contraste, 18 departamentos están por debajo del 45%, dentro de los cuales Sucre, Atlántico, Risaralda y Vaupés son los más críticos (por debajo del 30%).

La tendencia en el último año se mantiene en cuanto a los sectores hacia donde se dirige la inversión de los recursos de regalías.

Los sectores con mayor inversión desde el año 2012 a diciembre de 2018: son Transporte/vías (4.919 proyectos; $14,2 billones), Educación (1.530 proyectos; $4,6 billones), Agua Potable y Saneamiento Básico (1.144 proyectos; $2,4 billones), Vivienda (1.357 proyectos; $2,2 billones) y cultura (1.763 proyectos; 2 billones).

La evaluación realizada por la CGR indica que siguen presentes los riesgos de dispersión de los recursos de regalías.

El valor promedio de los proyectos es bastante bajo, en el caso de los OCAD Municipales ($1.030 millones) y en los OCAD Departamentales ($3.170 millones).

Los promedios son más altos en los proyectos que se aprueban a través de los OCAD Regionales y en el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los riesgos de corrupción, de baja calidad de los bienes y servicios contratados, así como las debilidades en los procesos de planeación y en la ejecución de los proyectos, se ponen de manifiesto en los procesos auditores que realiza la CGR. En efecto, las auditorías arrojaron hallazgos fiscales que afectan los sectores de agua potable y saneamiento básico, transporte y educación.

Críticas a OCAD

Los OCAD han recibido múltiples críticas. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, al inicio del Gobierno, se encontraron “cerca de $8,4 billones de recursos de regalías en las cuentas sin gestionar y sesiones no periódicas de los OCAD pues sólo se reunían una vez al semestre, lo que implicaba ineficiencias en el proceso”.

El presidente Iván Duque, durante un encuentro con los alcaldes del país, el año pasado, realizó críticas a estos órganos y prometió su eliminación. “No me gusta el sistema de los OCAD porque me parece que ha sido la centralización de recursos. Hay que devolverles esos recursos a los municipios para que se traduzcan en inversiones en educación, en salud, en vías terciarias y en atención a la primera infancia principalmente”, afirmó.

También la Contraloría General de la República cuestionó la efectividad de los OCAD. Manifestó que los recursos de regalías se han fragmentado en proyectos de bajo impacto. “Más de 12.000 proyectos aprobados entre 2015 y 2017, por un valor total de $30,5 billones, y un promedio por proyecto de $2,5 millones, constituyen un indicador crítico de atomización”, afirmó.