La Comisión del Gasto hace una proyección de lo que puede ser la economía colombiana en los próximos años, por lo que quien llegue a la Casa de Nariño en Agosto deberá tener en cuenta muchas de las conclusiones de los expertos.

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La Comisión del Gasto Público entregó el informe final sobre el comportamiento de las finanzas con una serie de recomendaciones que se hacen al Gobierno nacional, para ser más óptimas las inversiones y hacer más eficiente la llegada de ayudas a los más necesitados a través de un direccionamiento correcto de las mismas.

El presidente de Fedesarrollo, Leonardo Villar, fue el vocero de las Comisión que estaba integrada además por Raquel Bernal, Jorge Iván González, Juan Carlos Henao, Roberto Junguito, Marcela Meléndez, Armando Montenegro, Juan Carlos Ramírez y José Darío Uribe, quienes durante más de diez meses estudiaron el gasto en el país y la forma de hacerlo hacia el futuro más eficiente.

Es un llamado de atención a los candidatos a la Presidencia, para que miren detenidamente este estudio, que no está hecho para este Gobierno que está de salida sino que proyecta la economía colombiana a varios años en el futuro.

Hay temas que se tocan en el documento que al ser implantados tomarán varios años en su montaje y operación, por lo que es de resorte de quienes quieren dirigir los rumbos de la nación.

 

ENS: ¿Cómo vieron ustedes el desarrollo del gasto público en Colombia durante los últimos años?

LEONARDO VILLAR: Se podría decir que el gasto público en el país venía creciendo en los últimos 25 años, pero que por la situación de crisis vivida a finales del siglo pasado se logró estabilizar en 2014, cuando se inició la crisis de los precios del petróleo que llevó el déficit a niveles considerables en 2016. Hay espacio para reducir el gasto en mejoras de eficiencia para no comprometer el crecimiento y las condiciones de la población más vulnerable. Hay cómo hacerlo más eficiente y eficaz.

 

ENS: Uno de los puntos que más afecta las finanzas públicas son los litigios contra el Estado, ¿qué se concluyó de ese tema?

LV: Entre 2000 y 2016, los pagos acumulados realizados por el PGN a través del rubro de sentencias y conciliaciones ascendieron a $11,2 billones de 2016. En los últimos años, el presupuesto ha incluido sumas cercanas a $1,2 billones anuales para el pago de sentencias y conciliaciones, lo cual no alcanza a cubrir la totalidad de los montos adeudados. Las contingencias son monumentales. Hay 230 mil litigios en curso contra 160 entidades del orden nacional, con pretensiones cercanas a $17,7 billones para el periodo 2017-2028. Estas cifras no incluyen la totalidad de los procesos contra la Nación, ni las correspondientes a las entidades territoriales.

 

ENS: ¿Qué hacer para evitar que esto se vuelva una vena rota de las finanzas públicas?

LV: El origen jurídico de los litigios se encuentra en la figura de responsabilidad civil del Estado establecida en el Artículo 90 de la Constitución Política. La falta de reglamentación del Artículo 90 de la Carta ha permitido que el alcance de los fallos en la mayoría de aspectos sustanciales quede a discreción de los jueces. La Ley 1437 de 2011, que estableció el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, fue un avance en lo procesal, pero varias problemáticas subsisten como ausencia de reglamentación de la acción de grupo, vacíos normativos en asuntos que guían el litigio, inexistencia del juramento estimatorio y carencia de reglamentación de la técnica probatoria de las presunciones.

 

Subsidios

ENS: Hay quejas sobre que los subsidios no llegan a quienes realmente los necesitan, ¿qué hacer ante esto, qué recomendación hace la Comisión?

LV: Existe en el país un exceso de subsidios que deben ser nacionalizados; subsidios en parte que van a hogares y personas naturales, y que en parte muy importante, van también dirigidos a las empresas. El gasto anual asociado con subsidios a hogares y personas (diferentes de salud, educación y pensiones) se estima en alrededor de 1.6% del PIB, y a productores y empresas, en 0,8% del PIB. Además hay dificultades para identificar el gasto en subsidios porque el registro del gasto difiere entre entidades, es muy agregado y no separa lo que constituye un subsidio de otros tipos de gasto. Fragmentación de los recursos en multiplicidad de programas y ausencia de evaluaciones rigurosas para establecer su impacto.

 

ENS: ¿Cómo hacer para estos recursos llegue a quienes los necesitan?

LV: Hay que concentrar los recursos disponibles en unos pocos programas e integrar programas que involucran subsidios con el mismo objetivo en cabeza de una sola entidad. Revisar y unificar focalización a través de mecanismo único que cumpla principios de diseño que sugieren las buenas prácticas, y desarrollar un sistema de registro administrativo que permita conocer el monto del subsidio que recibe periódicamente cada beneficiario, total y por programa.

 

Pensiones

ENS: En el caso de las pensiones, tema que está en medio de la campaña electoral, ¿cuál es el diagnóstico y la recomendación que realiza la Comisión de Gasto Público?

LV: El gasto público para cubrir el desequilibrio entre cotizaciones y beneficios en 2016 fue de 3,4% del PIB y dos terceras partes de ese desequilibrio corresponden a regímenes especiales, algunos en marchitamiento y otros que rigen como los de los militares y el magisterio. A pesar de la magnitud del gasto la cobertura es baja; apenas el 24% de los adultos de más de 65 años tienen acceso a una pensión y para 2050 podrían bajar al 17%. Las recomendaciones comienzan en que hay que hacer un ajuste a los parámetros del sistema, aumentar la edad de jubilación ajustándola cada cinco años por ejemplo a parámetros demográficos, sin afectar a quienes están próximos a edad de jubilación.

Otras recomendaciones tiene que ver con utilizar el salario promedio de toda la vida laboral para calcular la base de jubilación y aumentar los aportes al 18%, con el fin de garantizar la estabilidad financiera del sistema, fijar tope a las pensiones del Régimen de Prima Media (que hoy está en 25 salarios mínimos), que es muy alto en comparación con otros países de igual desarrollo.

Otra opción es que los trabajadores cotizarían por un salario mínimo al RPM administrado por Colpensiones, y a un sistema de capitalización individual por el excedente. El subsidio requerido para cumplir con la garantía de pensión mínima en el RPM lo cubre el Gobierno y es decreciente a medida que aumenta el ahorro individual de los afiliados al sistema