La firma Conconcreto, empresa que forma parte del consorcio constructor del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, reconoció que en 2015 Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el consorcio, acordaron un incentivo de $70.000 millones a cambio de lograr la terminación de las obras antes del 28 de noviembre de 2018.

El documento explica que desde el principio “se presentaron situaciones que afectaron el cronograma de obra inicialmente considerado, por causas ajenas al Consorcio CCC Ituango”, conformado por Conconcreto, Coninsa y Camargo Correa. Por esa razón, EPM ordenó al constructor implementar estrategias “para la ejecución acelerada de las obras”, a lo que se sumó el incentivo.

“En caso de que la terminación de las obras se diera entre el 29 de noviembre de 2018 y el 28 de agosto de 2019, se generaría un pago decreciente desde $70.000 millones hasta $0”, añade el comunicado.

Terminar las obras antes de noviembre de 2018 habría permitido “viabilizar la entrada en operación de la primera unidad de generación”, tal y como EPM se había comprometido. Sin embargo, el 28 de abril de este año se desató la emergencia que obligó la evacuación de 25.000 personas en el momento más crítico.

El comunicado del constructor agrega que se había pactado que en caso de que la terminación de las obras no se lograra por causas “ajenas a la voluntad de las partes” se buscaría un nuevo acuerdo. “A la fecha aún no se tiene certeza de la cuantía del incentivo pactado hasta tanto (no) se tenga conocimiento de la causa raíz de la contingencia”, concluye el comunicado.

En su respuesta por escrito dirigida a los representantes a la Cámara que este jueves citaron a un debate de control político sobre la situación de Hidroituango, EPM explicó que, en su momento, por complicaciones en la adquisición de predios, problemas de orden público, entre otras razones, el río no pudo ser desviado en 2013 y, de haber mantenido el plan inicial, tampoco habría sido posible antes de 2015.