UNA ADVERTENCIA al Ministerio de Hacienda sobre el riesgo de demandas al decreto que corrigió la liquidación del Presupuesto para la vigencia de este año, hizo Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general encargado de la Contraloría General de la República (CGR).

El funcionario señala el riesgo sobre la ejecución presupuestal y dice que eventualmente “podría resultar en la paralización de las actividades estatales, lo cual constituirla un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ejecución presupuestaria”.

En su cuenta de X, el contralor dijo: “la CGR advierte al @Minhacienda que el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación 2024 está expuesto a una demanda de legalidad que podría paralizar actividades estatales, un hecho sin precedentes en la historia presupuestaria reciente”.

Sostiene que “con la expedición del Decreto 2295 de 2023, a juicio del ente de control, no se cumplieron dos parámetros: por un lado, el artículo 1 de la ley 2295 de 2023, detalla el monto del presupuesto de gastos y a su vez relaciona las partidas del PGN para el 2024, omitiendo el hecho de que el detalle del decreto debe ir en un anexo, no en el articulado; por otro lado, se debió presentar el detalle de la Ley de Presupuesto, lo que no se cumplió en la medida en que los gastos de inversión no se desagregaron a nivel de proyecto”.

Inconvenientes

Para la CGR estos dos elementos generaron inconvenientes al momento de la ejecución del presupuesto: varias entidades importantes del Estado, como Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el mismo Ministerio de Hacienda al no desagregar los proyectos de inversión, impedían que estos se incorporaran al SIIF y comenzase la ejecución de los recursos. Más aún, algunos de estos proyectos venían cobijados con vigencias futuras que garantizaban los recursos necesarios para ejecutarse en este año.

Se estimaba en $18 billones los recursos aprobados en la ley de presupuesto, pero no desagregados en proyectos que son estratégicos para el desarrollo del país, tales como carreteras en concesión, sistemas de transportes masivos, carreteras secundarias y terciarias, entre otras.

Por otro lado, la inclusión del anexo en el articulado hace que cualquier modificación, que en el transcurso de la vigencia son bastantes usuales por la dinámica de la ejecución presupuestal, tenga que pasar por la aprobación directa de un decreto y no de una resolución de las propias entidades, lo que podría ralentizar el proceso de ejecución presupuestal.

Las fallas

Señala, asimismo, que el Gobierno nacional expidió el decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, en el cual se pretendió corregir las fallas presentadas por el decreto de liquidación inicial. No obstante, al analizar el detalle y la forma en que se realizó este ajuste, la CGR considera que se resolvió parcialmente la problemática por dos hechos: “No se deroga el artículo 1 del Decreto 2295 de 2023, simplemente se modifica, con lo cual se deja sin desagregar no solamente una parte importante de la Inversión de los proyectos viales por $13 billones, sino que se mantiene el nivel agregado en las bolsas de buena parte de la ejecución de la inversión del resto de las entidades del presupuesto de la Nación. Y se mantuvo en el artículo 1, que no es anexo, la totalidad del gasto de ministerios (excepto Hacienda), agencias (excepto ANI), institutos (excepto Invías) y unidades (excepto unidad de infraestructura)”, indica el ente de control.

En estos casos, además, se dejó sin desagregar la inversión. Sostiene la Contraloría, que “así, la ejecución de estos presupuestos quedó sujeta a la discrecionalidad de la Presidencia (En el caso de las agencias, es una situación delicada, porque se trata de entidades ejecutoras, donde la autonomía es un factor decisivo para su operación). Más aún, en el caso de las entidades donde se realizó la desagregación, el gasto de funcionamiento desagregado sigue figurando en el artículo 1, que no es anexo. En otras palabras, Presidencia mantiene el manejo discrecional sobre su gasto de funcionamiento”.

Considera el organismo de control que las justificaciones esgrimidas por el Ministerio de Hacienda en relación con la expedición del Decreto de Liquidación de la vigencia 2024, en cuanto a la necesidad de revisar el grado de avance en la ejecución de los proyectos antes de distribuirles nuevos recursos para la presente vigencia, es necesaria y prudente, sin embargo, estima que se podrían haber usado otras herramientas sin necesidad de generar incertidumbre ni desviaciones en la aplicación de las normas presupuestales vigentes.